TRIBUNALES
El TSJC ratifica el despido nulo de un directivo del Puerto de Santander
Le echaron del trabajo porque testificó en favor de otro operario
07.09.07 -
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado la sentencia que declaró nulo el despido de un alto cargo de la Autoridad Portuaria, que fue represaliado por declarar a favor de otro trabajador en un proceso laboral de reclamación de categoría profesional.
La Sala de lo Social, a la que apeló la Autoridad Portuaria, ratifica que José Manuel Río Oyarbide, jefe de Departamento de Administración y Finanzas, fue despedido en marzo de 2006 por el entonces presidente del organismo, Javier del Olmo, en la actualidad consejero de Industria del Gobierno cántabro, en «represalia» por prestar testimonio «veraz y decisivo para el juez de lo Social» en la causa seguida por otro trabajador contra el Puerto.
En este sentido, la Sala subraya que «de la comunicación de información veraz al órgano judicial no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas y privadas para el testigo». El tribunal ratifica así que el Puerto vulneró «derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador», conducta «sorprendente» en un organismo público, que «debía ser menos proclive a este tipo de conductas».
Pero además la Sala coincide con el juzgado de instancia en «la falta total de competencia del entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Javier del Olmo, para imponer la sanción del despido». Según el TSJC, dicha competencia sancionadora corresponde al Consejo de Administración.
El directivo despedido volvió a su puesto de trabajo el pasado mes de junio, cuando el Juzgado de lo Social número 1 condenó al Puerto a readmitirle.
La Sala de lo Social, a la que apeló la Autoridad Portuaria, ratifica que José Manuel Río Oyarbide, jefe de Departamento de Administración y Finanzas, fue despedido en marzo de 2006 por el entonces presidente del organismo, Javier del Olmo, en la actualidad consejero de Industria del Gobierno cántabro, en «represalia» por prestar testimonio «veraz y decisivo para el juez de lo Social» en la causa seguida por otro trabajador contra el Puerto.
En este sentido, la Sala subraya que «de la comunicación de información veraz al órgano judicial no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas y privadas para el testigo». El tribunal ratifica así que el Puerto vulneró «derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador», conducta «sorprendente» en un organismo público, que «debía ser menos proclive a este tipo de conductas».
Pero además la Sala coincide con el juzgado de instancia en «la falta total de competencia del entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Javier del Olmo, para imponer la sanción del despido». Según el TSJC, dicha competencia sancionadora corresponde al Consejo de Administración.
El directivo despedido volvió a su puesto de trabajo el pasado mes de junio, cuando el Juzgado de lo Social número 1 condenó al Puerto a readmitirle.
