La guerra abierta entre la Iglesia y el Gobierno por esta controvertida asignatura, que entra este año en vigor en algunas comunidades autónomas, fue evidenciada de nuevo así por el cardenal Rouco Varela, quien no eludió citar a la Constitución Española. A su juicio, la Carta Magna «reconoce con inequívoca claridad este principio de ética jurídica natural en el que se funda el derecho prioritario de los padres a determinar todos los aspectos morales y religiosos implicados en el proceso educativo de sus hijos».
Por ello, el arzobispo de Madrid brindó su apoyo a los padres de familia «en el ejercicio de este derecho tan fundamental para el bien de sus hijos y de toda la sociedad», a quienes «no puede faltarles en la defensa legítima de sus derechos inalienables ni el apoyo de la comunidad eclesial, ni el de sus pastores, y mucho menos el de las comunidades educativas cristianas». Un apoyo «claro, decidido, valiente y generoso como pedíamos los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal».
Insistió Rouco en que la polémica asignatura, por su condición obligatoria, contenidos y criterios de evaluación, es abiertamente contraria al principio ético-jurídico, «que precede a las leyes positivas del Estado, y que se concreta en el derecho fundamental de los padres a decidir cuál es el tipo de educación moral y religiosa que quieren para sus hijos».
Según el cardenal, ya el Concilio Vaticano II enseña con toda nitidez que «los padres, al haber dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole y, por consiguiente, deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus hijos».




