11M LA SENTENCIA
Víctimas del 11-M demandan al Estado por el «descontrol» de los explosivos de mina Conchita
El abogado de la acusación Gonzalo Boye considera que el Gobierno no estableció los controles necesarios
04.11.07 -
Gonzalo Boye. / DM
Algunas víctimas de la masacre islamista del 11 de marzo en Madrid ya han tomado la decisión de demandar al Estado por haber permitido un «absoluto descontrol» sobre los explosivos en la asturiana mina Conchita. La sentencia dictada el miércoles certifica que fue este descontrol en la explotación el que permitió a los terroristas lograr la dinamita necesaria para volar los cuatro trenes de cercanías.
El abogado Gonzalo Boye, que ejerció la acusación durante el juicio en nombre de una viuda por los atentados y de su hijo pequeño, ya recopila el material preciso para presentar una demanda contencioso administrativa contra el Estado. Lo hará en cuanto el Tribunal Supremo declare firme la resolución judicial y los hechos probados.
El letrado considera que el entonces Gobierno del PP no estableció ni la legislación adecuada ni los controles policiales y administrativos necesarios para terminar con el desbarajuste que afectaba a la mina asturiana y a otras explotaciones similares.
Boye sostiene que la sentencia establece una base más que suficiente para poder exigir la responsabilidad del Estado ante los tribunales y su condena, aunque sea simbólica.
Confidentes
El letrado no sólo basará la demanda contra el Estado en la mina sino también en el inadecuado funcionamiento de algunos cuerpos de seguridad del Estado, en especial en la falta de investigación por la Guardia Civil de las pistas que proporcionó el confidente y condenado Rafá Zouhier, el mediador en la compra-venta de los explosivos. El tribunal dice en la sentencia que no es competente para entrar en ese punto, pero destaca «el poco control de los controladores sobre el controlado».
Pero las responsabilidades que exigirá Boye ante los tribunales una vez que la sentencia sea firme no terminarán aquí. Sus clientes ya le han autorizado para querellarse también contra el ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera por falso testimonio.
El abogado cree probado que el eurodiputado del PP, al que el Tribunal Supremo ya está investigando por un delito de desobediencia grave al tribunal del 11-M, mintió a los magistrados cuando afirmó que existía un informe policial secreto, escondido por los actuales responsables de Interior, que vinculaba a ETA con la masacre y cuando afirmó que se lo había dicho el comisario Enrique García.
El abogado Gonzalo Boye, que ejerció la acusación durante el juicio en nombre de una viuda por los atentados y de su hijo pequeño, ya recopila el material preciso para presentar una demanda contencioso administrativa contra el Estado. Lo hará en cuanto el Tribunal Supremo declare firme la resolución judicial y los hechos probados.
El letrado considera que el entonces Gobierno del PP no estableció ni la legislación adecuada ni los controles policiales y administrativos necesarios para terminar con el desbarajuste que afectaba a la mina asturiana y a otras explotaciones similares.
Boye sostiene que la sentencia establece una base más que suficiente para poder exigir la responsabilidad del Estado ante los tribunales y su condena, aunque sea simbólica.
Confidentes
El letrado no sólo basará la demanda contra el Estado en la mina sino también en el inadecuado funcionamiento de algunos cuerpos de seguridad del Estado, en especial en la falta de investigación por la Guardia Civil de las pistas que proporcionó el confidente y condenado Rafá Zouhier, el mediador en la compra-venta de los explosivos. El tribunal dice en la sentencia que no es competente para entrar en ese punto, pero destaca «el poco control de los controladores sobre el controlado».
Pero las responsabilidades que exigirá Boye ante los tribunales una vez que la sentencia sea firme no terminarán aquí. Sus clientes ya le han autorizado para querellarse también contra el ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera por falso testimonio.
El abogado cree probado que el eurodiputado del PP, al que el Tribunal Supremo ya está investigando por un delito de desobediencia grave al tribunal del 11-M, mintió a los magistrados cuando afirmó que existía un informe policial secreto, escondido por los actuales responsables de Interior, que vinculaba a ETA con la masacre y cuando afirmó que se lo había dicho el comisario Enrique García.
