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El presidente Álvaro Uribe puso fin mediante un breve comunicado a la mediación de su homólogo venezolano, Hugo Chávez, y de la senadora opositora colombiana Piedad Córdoba para la concreción de un acuerdo humanitario que permitiera la liberación de los secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El anuncio sorprendió a todos. Entre los familiares de los rehenes cundió el desánimo. De todas formas, pidieron al gobernante reconsiderar su decisión convencidos de que la gestión del líder venezolano iba a tener éxito, a pesar de que la guerrilla lo dejó con las manos vacías al no entregarle la prueba de vida de la ex candidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt.

La razón oficial para dar por concluidos los buenos oficios del mandatario del país vecino fue que utilizó a la senadora Córdoba para comunicarse directamente con el comandante del Ejército, general Mario Montoya, y hacerle preguntas sobre los rehenes. Según el Gobierno, no era la primera vez que Chávez utilizó esa artimaña para hablar directamente con personas relacionadas con el proceso.

El diario 'El Tiempo' recoge que, en la pasada Cumbre Iberoamericana de Chile, Uribe se negó a que Chávez utilizara canales de comunicación al margen de los establecidos: el comisionado para la paz o el mismo Gobierno. «Hugo, no me llames a los generales, porque se me vuelven chavistas», bromeó entonces Uribe. Allí también le entregó como prueba fotos de la existencia de campamentos de guerrilleros de las FARC en Venezuela.

Pero el miércoles, el general Montoya daba la voz de alarma. Tras una tarde-noche de intensas consultas, concluyeron que no había sido la única llamada. Uribe se molestó al tener conocimiento de que su polémico colega se saltó a la torera su negativa y calificó el hecho de «imposible de aceptar» y «violatorio de la soberanía nacional». Su Gobierno cree que Chávez y Córdoba «desarrollaban una agenda paralela y oculta».

Esfuerzos por la paz

Ayer, en sus primeras declaraciones tras conocerse su «irrevocable decisión», el mandatario colombiano, que busca fórmulas constitucionales que le permitan presentarse a una tercera reelección, reiteró que lo importante era no arriesgar la «seguridad democrática».

Uribe insistió en que su Gobierno seguirá haciendo «todos los esfuerzos por la paz», pero teniendo en cuenta que «lo que no se puede poner a riesgo es la seguridad democrática, que es lo que finalmente nos va a dar la paz, que es lo que finalmente va a acabar con el secuestro que tanto ha afectado a este país».

La abrupta decisión contrastaba con el apoyo expresado la misma mañana del miércoles a la participación de Chávez en el proceso de negociación. Un comunicado de la Presidencia colombiana fijaba el 31 de diciembre como fecha tope para el plazo de mediación del acuerdo humanitario que permitiría canjear a los 45 secuestrados por unos 500 guerrilleros presos. La nota no descartaba un posible encuentro entre Uribe y Manuel Marulanda, alias 'Tirofijo', el octogenario jefe máximo de las FARC, avanzado por Chávez en París.

Por su parte, el comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, expresó que «hubo fallas en el método». En una declaración, precisó que a partir de ahora él tomaba «la coordinación y el control» de todas las iniciativas para liberar a los secuestrados. «Lo haremos de manera discreta, con perseverancia». Restrepo denunció que en los escenarios internacionales las FARC intentan aparecer como «actores políticos, mientras en Colombia siguen adelantando acciones terroristas».

Tras el estupor inicial, las reacciones a favor y en contra de la medida no se hicieron esperar. Desde el oficialismo se apoya la decisión, pero entre la oposición y en sectores que hace años buscan un acuerdo humanitario fue duramente rechazada. «Es más que consternación. Es dramático», dijo Fabrice Delloye, ex esposo Betancourt.

Marlene Orjuela, presidente de Asfamipaz, organización de familiares de policías y militares secuestrados por la guerrilla, comentó que era «una jornada triste y cruel».