
- ¿Cuáles son los principales retos que tendrá que asumir la Administración regional en esta nueva etapa que se abre con la gestión de las competencias en justicia?
- Fundamentalmente dos: modernizar la Administración de Justicia en Cantabria, de manera que sea más ágil y eficaz, y para ello tenemos la obligación de dotarla de los medios materiales y personales precisos, y en segundo lugar, que sea una Administración mucho más cercana al ciudadano. Estoy convencido de que existe un temor reverencial por parte de la ciudadanía a acudir a cualquier acto judicial, aunque vaya en calidad de testigo. Tenemos que conseguir entre todos que el lenguaje sea más asequible, que los ciudadanos se sientan mucho más cómodos y que haya mucha más atención a la ciudadanía, objetivo que desde el Gobierno de Cantabria vamos a impulsar.
- ¿El presupuesto de 29,3 millones de euros será suficiente para alcanzar esa meta ambiciosa de modernización de la justicia?
- Va a ser más que suficiente. En el proceso de transferencias conseguimos una cifra fundamental que nunca ha sido objeto de inversión en nuestra comunidad autónoma. Hay que tener presente que esos 29,3 millones de euros se van a ir incrementando todos los años con un 6 por ciento aproximadamente de los presupuestos del Estado, más otros 5 millones de euros adicionales que hemos conseguido para obras específicas. Esa consignación presupuestaria es suficiente para abordar los retos de modernizar la Administración de Justicia en Cantabria. Hay que tener en cuenta que partíamos de 15 millones de euros.
- ¿Cuándo percibirá el ciudadano esta modernización, a corto, medio o largo plazo?
- Habrá actuaciones que se van a ver a corto plazo y otras que llevará más tiempo ejecutarlas. Tenemos previsto un plan de choque en tres frentes para acometer esta modernización. En primer lugar, acabar con la dispersión judicial, que genera muchos problemas a los profesionales, a los ciudadanos y a la propia estructura administrativa, porque no nos permite poner en marcha servicios comunes absolutamente necesarios. Esa dispersión está provocando además, día a día, la suspensión de multitud de actos judiciales, tanto en Santander como en Torrelavega. En segundo lugar, queremos encauzar una renovación tecnológica en la Administración de Justicia en Cantabria. Para ello vamos a renovar no sólo el parque informático, que es absolutamente obsoleto, sino también vamos a introducir mejoras en los programas informáticos para que, en un futuro que espero sea de cuatro años, logremos que se pueda teletramitar todo un expediente judicial, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia. Y en tercer lugar, procederemos a la reorganización de efectivos una vez que podamos implantar esos servicios comunes y la oficina judicial.
- Y el programa de obras, ¿cuándo será una realidad?
- Al final de la legislatura será una realidad de manera que contaremos con dos complejos judiciales en Santander y uno único en Torrelavega.
- La futura existencia de dos sedes judiciales en Santander -Las Salesas y Tabacalera- significa que van a renunciar ustedes a obtener un espacio judicial unitario, a una 'ciudad de la justicia'?
- El paso que hemos dado en materia de edificios es histórico. En estos momentos en Santander hay siete sedes judiciales, lo que es un auténtico disparate, un despropósito que genera los inconvenientes que antes he comentado. El hecho de pasar de siete sedes judiciales a dos -el de la calle Alta, con dos edificios, y el complejo judicial de Las Salesas- es más que aceptable para una ciudad como Santander, donde las distancias son mínimas. Además la ubicación de órganos está muy bien estudiada. En la calle Alta vamos a implantar la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de la Audiencia y la Fiscalía Superior de Cantabria, y en el otro edificio, todos los Juzgados que tienen que ver con la instrucción penal. En Las Salesas quedarán instalados todos los Juzgados unipersonales. Ésta es una foto de futuro muy favorable para la Administración de Justicia en Cantabria, que colma las expectativas que tenemos como administración pública y las que me han trasladado desde el Poder Judicial y, especialmente, el presidente del TSJC, César Tolosa.
- ¿No habrá entonces un edificio unitario arquitectónicamente hablando?
- Efectivamente. Hemos conseguido algo histórico, como es conseguir unas transferencias en las que se nos adscribe un edificio y un solar, como el Convento de Santa Cruz como futura sede del TSJC, cuando se trataba de un edificio que era del patrimonio del Estado y ni siquiera estaba afecto al Ministerio de Justicia, es algo que no tiene precedentes en la historia de las transferencias. Estamos convencidos de que esos dos complejos judiciales dan cobertura suficiente a las necesidades de la justicia en cuanto a infraestructura en el partido judicial de Santander.
- ¿Y en Torrelavega?
- En estos momentos existen tres sedes judiciales y, gracias a la cesión de un solar por parte del Ayuntamiento, comenzaremos en 2008 la construcción de un único edificio, que nos permitirá además la edificación de un 30 por ciento de reserva para la creación de nuevos órganos judiciales. De este modo, tanto en Santander como en Torrelavega vamos a producir una auténtica renovación de infraestructuras judiciales que van a dar buena respuesta a las necesidades de justicia en Cantabria.
- ¿Se crearán las figuras de fiscal superior de la comunidad autónoma y fiscal provincial?
- En Cantabria sólo existirá la figura de fiscal superior, junto a su teniente fiscal y el resto de fiscales.
- Está pendiente la reforma del Estatuto de Cantabria, ¿de qué manera afectará al ámbito judicial?
- De forma significativa. Una de las cuestiones sobre las que ha habido cierto consenso ha sido el hecho de ampliar las competencias de las comunidades autónomas en materia de justicia. No es de recibo que las comunidades autónomas que asumimos la competencia de justicia no tengamos la decisión de dónde ubicar un órgano judicial. Las modificaciones estatutarias van en el sentido de dotar de mayor protagonismo a las comunidades autónomas. En ese sentido, la reforma tiene que dotar de mayor autogobierno en materia de justicia al Gobierno de Cantabria, sin perjuicio de seguir manteniendo la unidad jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial.







