Como es conocido, el detonante de esta acción judicial fue el despido de uno de los denunciantes después de que declarase a favor de un compañero de trabajo en un juicio celebrado en la jurisdicción social. Según la versión de los empleados, el directivo de la Autoridad Portuaria, fue llamado por Del Olmo a su despacho, quien le reprochó «de forma vejatoria» haber declarado en el juicio contra la institución, al tiempo que le amenazó de forma verbal con el despido.
Dos semanas después, de regreso de un viaje profesional, el cargo que había sido amenazado fue despedido.
Los dos despidos han sido revocados por los tribunales y los trabajadores se han reintegrado a la plantilla de la Autoridad Portuaria.
Aforado
La declaración de Del Olmo se ha retrasado debido a su condición de aforado, (privilegio que se le concede por formar parte del Gobierno) de la que goza desde el pasado julio. Esto provocó, según él mismo explicó públicamente, que la denuncia haya pasado de los juzgados ordinarios a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, TSJC. El consejero de Industria señaló recientemente que éste «es un asunto sobre el que no hay nada que ocultar, porque el tema es claro y transparente».







