TRIBUNALES
Del Olmo dice que creyó que el despido del funcionario era legal
El consejero declaró como imputado durante dos horas, acusado de represaliar a un alto cargo del Puerto que declaró a favor de un compañero
19.02.08 -
Javier del Olmo accedió en coche oficial al recinto judicial de Las Salesas, donde declaró. / M. DE LAS C.
El actual consejero de Industrial del Gobierno regional, Javier del Olmo, acusado de un delito de prevaricación y otro de obstrucción a la justicia por haber despedido a un directivo del Puerto de Santander en represalia por haber declarado a favor de un compañero, aseguró ayer en su comparecencia judicial que siempre pensó que lo que hizo se ajustaba a la legalidad y se podía hacer.
Además, aunque la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) argumentó en la sentencia que anuló dicho despido que el entonces presidente de la Autoridad Portuaria carecía de competencia para sancionar, Del Olmo se defendió y precisó que la resolución contó con el visto bueno de los servicios jurídicos y del equipo de asesores de Recursos Humanos.
El consejero de Industria acudió puntual a su cita con la justicia, y a las nueve de la mañana se presentó con su abogado y su jefe de Gabinete en el Palacio de Justicia de Las Salesas para declarar ante el juez de la Sala de lo Civil y Penal, Juan Piqueras.
Del Olmo se acogió a su condición de aforado (privilegio que se le concede por formar parte del Gobierno), para declarar ante ese tribunal. Sin embargo no estuvo asistido por un representante de los Servicios Jurídicos del Gobierno regional, sino por un letrado de la Abogacía del Estado.
Discreción
Durante dos horas se sometió a las preguntas de la fiscal Superior de Cantabria, Pilar Martín Nájera, recientemente ascendida a la Fiscalía del Supremo, y a las del abogado de los denunciantes, que son el directivo despedido, José Manuel Río Oyarbide, y el empleado del Puerto, Antonio Martínez Sánchez, a cuyo favor declaró el primero.
Tras la declaración, el magistrado instructor exhortó a las partes para que guardaran discreción sobre lo ocurrido en la Sala. Tal es así, que el responsable de Industria de Cantabria se limitó a decir a los periodistas que no iba a realizar declaraciones.
El detonante de esta acción judicial fue el despido de Río Oyarbide, jefe del Departamento de Administración y Finanzas del Puerto, después de que declarase a favor de un compañero en un juicio celebrado en la jurisdicción social. Según relatan los trabajadores, el directivo fue llamado por Del Olmo a su despacho, quien le reprochó «de forma vejatoria» haber declarado en el juicio contra la institución, al tiempo que le amenazó de forma verbal con el despido. Dos semanas después, de regreso de un viaje profesional, el alto cargo amenazado fue expulsado. Los dos despidos han sido revocados por los tribunales y los trabajadores se han reintegrado a la plantilla de la Autoridad Portuaria.
Del Olmo se defendió ayer señalando que creyó que lo que hacía era legal y que la resolución del despido que firmó, que sólo puede ser tomada por el Consejo de Administración, contó con el visto bueno de los Servicios Jurídicos y de Recursos Humanos.
Además, aunque la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) argumentó en la sentencia que anuló dicho despido que el entonces presidente de la Autoridad Portuaria carecía de competencia para sancionar, Del Olmo se defendió y precisó que la resolución contó con el visto bueno de los servicios jurídicos y del equipo de asesores de Recursos Humanos.
El consejero de Industria acudió puntual a su cita con la justicia, y a las nueve de la mañana se presentó con su abogado y su jefe de Gabinete en el Palacio de Justicia de Las Salesas para declarar ante el juez de la Sala de lo Civil y Penal, Juan Piqueras.
Del Olmo se acogió a su condición de aforado (privilegio que se le concede por formar parte del Gobierno), para declarar ante ese tribunal. Sin embargo no estuvo asistido por un representante de los Servicios Jurídicos del Gobierno regional, sino por un letrado de la Abogacía del Estado.
Discreción
Durante dos horas se sometió a las preguntas de la fiscal Superior de Cantabria, Pilar Martín Nájera, recientemente ascendida a la Fiscalía del Supremo, y a las del abogado de los denunciantes, que son el directivo despedido, José Manuel Río Oyarbide, y el empleado del Puerto, Antonio Martínez Sánchez, a cuyo favor declaró el primero.
Tras la declaración, el magistrado instructor exhortó a las partes para que guardaran discreción sobre lo ocurrido en la Sala. Tal es así, que el responsable de Industria de Cantabria se limitó a decir a los periodistas que no iba a realizar declaraciones.
El detonante de esta acción judicial fue el despido de Río Oyarbide, jefe del Departamento de Administración y Finanzas del Puerto, después de que declarase a favor de un compañero en un juicio celebrado en la jurisdicción social. Según relatan los trabajadores, el directivo fue llamado por Del Olmo a su despacho, quien le reprochó «de forma vejatoria» haber declarado en el juicio contra la institución, al tiempo que le amenazó de forma verbal con el despido. Dos semanas después, de regreso de un viaje profesional, el alto cargo amenazado fue expulsado. Los dos despidos han sido revocados por los tribunales y los trabajadores se han reintegrado a la plantilla de la Autoridad Portuaria.
Del Olmo se defendió ayer señalando que creyó que lo que hacía era legal y que la resolución del despido que firmó, que sólo puede ser tomada por el Consejo de Administración, contó con el visto bueno de los Servicios Jurídicos y de Recursos Humanos.
