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Han alzado el vuelo dejando un reguero de damnificados y deudas detrás. Imran Firasat y Jenny Setiawan, refugiados políticos en Cantabria que tienen que responder ante la Justicia por la querella que sus socios santanderinos les han interpuesto, han abandonado el piso en que vivían y también la ciudad. Y el abogado de los denunciantes ha solicitado ya al juez una orden de busca y captura para el territorio nacional. Para los numerosos cántabros que se volcaron con ellos por su dura historia personal, el pakistaní y la indonesia han supuesto una gran decepción.

Firasat y Setiawan lograron la autorización temporal para residir en Cantabria en vista de sus excepcionales circunstancias: el matrimonio entre musulmán y budista es castigado por ambas religiones, lo que les impedía volver a ninguno de sus países de origen. Llegados a esta comunidad autónoma desde Alemania, Firasat se movió como pez en el agua entre instituciones y medios de comunicación. Incluso organizó una campaña en Internet de apoyo a su causa.

Conseguido el objetivo de regularizar su situación de apátridas, la pareja abrió un negocio de hostelería en el Grupo Amaro de Santander, llamado 'Kebabish'. Con este nombre formarían sociedad con dos matrimonios cántabros que se querellaron contra ellos por delitos societarios hace aproximadamente un mes: tras abrir tres locales (el del Grupo Amaro, otro en Menéndez Pelayo y un tercero en Marqués de la Hermida), el joven y su esposa los traspasaron sin que los socios capitalistas tuvieran conocimiento de ello. De ahí la denuncia por falsificación documental y administración fraudulenta.

Uno de los denunciantes, además, les había alquilado una vivienda. Dado que dejaron de pagar el alquiler hace unos meses, está abierto un proceso de desahucio.

No han sido éstas las únicas 'irregularidades' cometidas por los asilados políticos. Maite Calderón, propietaria de una empresa de rótulos, también ha presentado denuncia ante la Policía tras constatar que el pakistaní le extendió un talón sin fondos por importe de algo menos de 600 euros. La empresaria señala que no es el dinero en sí lo que la molesta («no espero recuperarlo»), sino la «tremenda desilusión». «Me duele la tomadura de pelo personal. Cuando me dio el cheque con fecha de febrero, él ya estaba preparando la huída».

«Dar el palo»

Calderón -que no conocía previamente la historia de los inmigrantes por los medios de comunicación- es consciente de que el joven «tenía un círculo amplio de gente que le apoyaba. A todos les ofreció que se hicieran socios suyos en los negocios. Ahora está claro que su único objetivo era darles el palo».

Ella no cree que sea tan fácil dar con él. «Sería un golpe de suerte», apunta. Una fortuna para todos los que se han quedado sin cobrar, señala, «porque también ha habido gente, como suministradores de los bares, a los que ha dejado a deber».

Peor lo tiene la familia que le avaló en sus proyectos empresariales. Hace unos días se enteró de que van a tener que pagar al banco la cantidad por la que respondían y están muy disgustados.

Y también en la Administración regional conocen al matrimonio, que había logrado una subvención que estas fuentes cifran en casi 5.000 euros para poner en marcha su negocio con unas condiciones concretas que, al no cumplirse, deberían devolverse.

Por este motivo se ha abierto una investigación, según han conseguido confirmar los ex-socios del pakistaní y primeros denunciantes de la situación, que están removiendo cielo y tierra para dar con él.

Estas personas añaden que, entre los damnificados, están una antigua empleada y el compatriota al que traspasó el local de Menéndez Pelayo. Si aparece, el hombre que tanto convenció a todos de su penosa situación familiar, deberá dar muchas explicaciones. Pero, para eso, primero habrá que ponerle el cascabel al gato.