
Sobre la estación, que costó 24 millones de euros, pesa orden de derribo del Tribunal Supremo, que atendió en 2005 una denuncia de la asociación ecologista ARCA por invadir el dominio público marítimo-terrestre. La sentencia ha impedido la finalización del proyecto, que contemplaba la construcción de un emisario submarino, y será ejecutada cuando se construya una nueva depuradora, según el pacto al que han llegado las partes implicadas.
Bernardo García, de Ecologistas en Acción, dice que lo que se está produciendo es un «pequeño alivio». «Algo se ha mejorado, pero queda muchísimo por hacer. Los vertidos industriales siguen ahí. Sniace echa al río lo mismo que si fuese una ciudad de dos millones de habitantes. Además, los lodos tóxicos depositados en el fondo de la ría son 'bombas de tiempo' que se pueden activar en cualquier momento», afirma el portavoz ecologista.







