
Los cuatro sindicatos del sector, CC OO, UGT, STAJ y CSI-CSIF, han convocado el paro indefinido en el horario de atención al público, que se extiende desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La huelga provocará la suspensión de juicios en las tres jurisdicciones, civil, penal y contencioso administrativo, además del aplazamiento de pruebas y de otras diligencias.
La convocatoria de huelga se produce tres meses después de que Cantabria asumiera las transferencias en materia de justicia.
El principal escollo entre administración y funcionarios es de carácter retributivo. Entre sus demandas, los funcionarios reclaman el incremento del complemento específico hasta los 700 euros al mes a lo largo de cuatro años. Actualmente este complemento oscila entre los 196 y 224 euros al mes, según la categoría. Los sindicatos quieren que llegue hasta los 700 euros en un horizonte de cuatro años.
Lo mismo que Madrid
Borja Bats, representante de CC OO, precisó que «pedimos lo mismo que la comunidad autónoma de Madrid, que, según ha dicho el propio consejero de Justicia, Vicente Mediavilla, ha recibido en las transferencias 33 euros por habitante, en tanto que Cantabria recibió 44 euros por habitante».
El representante de Comisiones Obreras subrayó a este periódico que el complemento específico de 700 euros que reclaman es el mismo que ya están percibiendo los funcionarios de Cantabria que cumplen la misma jornada de 37 horas semanales.
Según señaló, el control horario que pretende restablecer la Consejería de Presidencia y Justicia (ahora no hay control alguno) «nos da igual, no nos preocupa en absoluto, porque muchas veces cuando hay juicios por la tarde se cumplen horas de más y no hay compensación económica ni resarcimiento».
Pero los sindicatos discrepan del horario que pretende establecer la Administración Regional, si bien el propio Bats reconoció que es un aspecto que «todavía no hemos tratado ya que las negociaciones no han pasado del aspecto retributivo».
El llamamiento a la huelga indefinida en el sector se ha realizado después de la celebración de varias asambleas en las sedes judiciales de Santander y Torrelavega.







