Los constructores han firmado una declaración conjunta con la Federación de municipios y los sindicatos en la que manifiestan su preocupación por el decaimiento de la actividad y el incremento del paro que va a generar esta situación. Para el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, Fidel González Cuevas, lo importante es resolver el problema que vive el sector en este momento, algo que interesa «a todo el país».
Entre las medidas que propone, González Cuevas destaca la necesidad de reducir los plazos para obtener licencias y aprobaciones con unificación de criterios interpretativos, así como la actualización de los planeamientos urbanísticos municipales y adaptación a las leyes vigentes en materia de Ordenación del Suelo y Desarrollo Urbano.
En este sentido, recalcó que es muy importante estimular una política dirigida a los sectores de población más desfavorecidos cuya accesibilidad a la vivienda se ve seriamente dificultada por el aumento de precios y tipos de interés, mediante instrumentos económicos, financieros y fiscales. Así, explicó que en Cantabria «se está sufriendo» la demora de la adaptación a las leyes vigentes en prácticamente la totalidad de los municipios con la Ley del Suelo, aprobada en el año 2001. Por eso, para González Cuevas, «si el Gobierno de Cantabria no toma parte activa en la solución de éstos problemas se incrementará la pérdida de actividad, el aumento del paro y la desatención a las necesidades que nos demanda el ciudadano». El presidente de los constructores cántabros aseguró que los promotores integrados en la Asociación «estarían dispuestos a construir más de 2.000 viviendas anuales de Protección Pública si se les facilita la posibilidad de adquirir suelo al precio que permite los límites de comercialización sobre este tipo de viviendas».A su juicio, el sector de la vivienda se ha desvelado como importante motor de sostenimiento de la actividad económica y la creación de empleo, así como el instrumento para facilitar una vivienda «digna y asequible» digna al ciudadano.




