El profesor aclaró que el día que Santiago llevó la denuncia al centro intentó hablar con él «pero huyó del colegio». «Sólo tuve que ir una vez al juzgado», agregó el docente, quien negó que fuera expedientado por la Consejería de Educación. Los hechos se remontan al 26 de enero de 1999, cuando el ahora detenido presentó en los juzgados de Sevilla una denuncia sobre los abusos sufridos por su hija de cinco años, alterando las fechas de inicio, situándolos a comienzo del curso escolar y atribuyendo la autoría al profesor de gimnasia del colegio donde la niña cursaba preescolar.
Finalmente, el propio denunciante, Santiago del Valle, fue condenado por estos hechos a dos años y nueve meses de cárcel por un delito continuado de abuso sexual y otro de falsedad documental.
Pero la crónica judicial de la jornada de ayer tenía otro punto de interés: conocer si finalmente la juez de Huelva que instruye el 'caso Mari Luz' encarcelaba a Del Valle y a su hermana, después de que su mujer quedara en libertad aunque con cargos. Sobre el primero existen pocas dudas de que ingresará en prisión ya que debe cumplir las condenas pendientes.
Mientras, las oenegés Protégeles y Acción Contra la Pornografía Infantil (ACPI) solicitaron ayer la creación de un registro de agresores sexuales de niños, similar al existente en el Reino Unido. A juicio de estas organizaciones, el caso de la niña Mari Luz Cortés hace patente la necesidad de controlar a estas personas, con el fin de tenerlas siempre localizadas y garantizar el cumplimiento de sus condenas. Su tasa de reincidencia, argumentan, «es muy alta, y el éxito de los programas de reeducación muy escaso».




