CASTRO URDIALES
La Guardia Civil interviene por orden del juez varios expedientes urbanísticos
Se investigan posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos. Varios ediles de la Corporación podrían ser citados para testificar
El expediente de la urbanización 'San Pelayo' en Santullán es uno de los investigados por el Juzgado Número 2 de Castro Urdiales. / A. V.
Escándalo. La presencia de la Policía Judicial en la Gerencia de Urbanismo de Castro Urdiales para requisar abundante documentación sobre expedientes urbanísticos corrió ayer como la pólvora, tanto en la ciudad como a escala regional y nacional. Al filo de las doce del mediodía un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil acudió al local de la Gerencia de Urbanismo por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales. Tenía por objetivo requisar numerosa documentación relacionada con el pago de facturas en materia urbanística y que abarcan tanto a esta legislatura como la anterior, en concreto, desde el año 2006.
Al parecer, esta denuncia habría partido del propio interventor del Consistorio castreño que habría sido el encargado de poner en conocimiento del Juzgado de Instrucción Número 2 las irregularidades por las que se investiga la actuación desde 2006 del equipo de gobierno en varias materias, entre ellas el urbanismo. Y es que el juez podría estar revisando actuaciones que pudieran ser constitutivas de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
En concreto y según ha podido conocer este periódico, se han abierto diligencias previas por una serie de obras y facturas entre las que figuran la licencia de obras de 'Residencial San Pelayo' en Santullán, así como servicios de limpieza, obras de asfaltado y trabajos para la rehabilitación del Santo Hospital, entre otras. De igual forma, el juez prevé tomar declaración a varias personas del entorno de la Corporación municipal en relación a estas diligencias previas y a raíz de la documentación requisada, si bien aún no se ha podido concretar la fecha de estas citaciones.
Numerosa documentación
Los expedientes intervenidos por el juez fueron trasladados al filo de las cuatro de la tarde por los agentes en una carretilla con ocho carpetas y varias decenas de folios atadas en tacos. Entre ellos, el expediente referente a la urbanización 'Residencial San Pelayo' que promueve la empresa Sacyr Vallehermoso. El 19 de junio de 2006, la Junta Vecinal de Santullán presentó una primera denuncia motivada porque la empresa constructora ocupó alrededor de 3.000 metros cuadrados de suelo rústico contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana y pertenecientes a la propia Junta Vecinal.
Por aquel entonces el pedáneo, Julián Revuelta (PSOE), aseguró que el cargo de parlamentario que ostentaba en ese momento Muguruza - entonces alcalde y diputado regional del PRC- «estaba retrasando» la tramitación de la denuncia que se encontraba precisamente en ese Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales. La Junta Vecinal decidió ampliar la denuncia incluyendo en la misma a Muguruza y al entonces concejal de Obras de Castro, Salvador Hierro (IU), por un presunto delito de prevaricación. Ayer, el propio pedáneo socialista no quiso pronunciarse al respecto recordando que «es un asunto que está bajo secreto de sumario». Por su parte, la abogada de la Junta Vecinal reconoció no tener constancia de que el motivo de esta actuación judicial gire en torno a esta urbanización. Sea como fuere, este caso es una de las múltiples actuaciones que el juez está investigando.
Silencio a nivel regional
Tanto los representantes del PP como del PSOE a nivel regional evitaron ayer pronunciarse sobre los hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Castro Urdiales a la espera de conocer más datos sobre la intervención judicial. Por su parte, el portavoz del PRC en el Parlamento Regional, Rafael de la Sierra, señaló ayer que «toda actuación encaminada a acabar con la corrupción urbanística nos parece bien». Desde la prudencia que a su juicio requiere la intervención del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, el portavoz regionalista mostró su satisfacción «por actuaciones en delitos que causan gran alarma social». De la Sierra reconoció que había rumores sobre corrupción urbanística en Castro al tiempo que destacó la necesidad de «respetar la actuación de los jueces y esperar».
Los que sí se pronunciaron fueron los diferentes grupos políticos que conforman la Corporación municipal castreña. La más explícita fue la portavoz del PSOE, María Jesús Esteban, que solicitó al equipo de gobierno que dé una explicación a lo que está pasando en el Consistorio castreño tras la entrada de la Guardia Civil en la Gerencia de Urbanismo. En este sentido, Esteban aseguró que esta intervención «abre interrogantes importantes sobre la actuación del Ayuntamiento» por lo que instó al Gobierno municipal a informar de lo que está ocurriendo, tanto al resto de la Corporación como a la ciudadanía castreña. No obstante, la portavoz socialista pidió que se mantenga «la tranquilidad y la prudencia porque las investigaciones siguen su curso y están en manos de un juez», aunque sí que se mostró preocupada por las noticias que recibió sobre esta operación.
A pesar de ello, Esteban cree que «esta intervención policial no empañará la imagen del Ayuntamiento, sino que, en todo caso, empañaría la forma de hacer política de una parte de los responsables municipales. No es justo que se meta a todos en el mismo saco. No todos son de la misma condición», apostilló. Desde el equipo de gobierno, además del alcalde, el portavoz del Grupo Popular, José Miguel Rodríguez, mostró su sorpresa por la intervención judicial «porque nadie había presentado, al menos hasta las dos de la tarde, ningún documento en el que se diga en base a qué se solicitaba la documentación». «Estoy sorprendido porque cuando la Policía Judicial va a pedir documentación tiene que ser en base a un escrito judicial o un procedimiento», comentó el líder de los populares castreños que reconoció que los documentos incautados por el juez «tienen que ver con contrataciones y en base a unas notas de reparo». El alcalde Muguruza dará hoy una rueda de prensa para hablar del asunto.
Al parecer, esta denuncia habría partido del propio interventor del Consistorio castreño que habría sido el encargado de poner en conocimiento del Juzgado de Instrucción Número 2 las irregularidades por las que se investiga la actuación desde 2006 del equipo de gobierno en varias materias, entre ellas el urbanismo. Y es que el juez podría estar revisando actuaciones que pudieran ser constitutivas de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
En concreto y según ha podido conocer este periódico, se han abierto diligencias previas por una serie de obras y facturas entre las que figuran la licencia de obras de 'Residencial San Pelayo' en Santullán, así como servicios de limpieza, obras de asfaltado y trabajos para la rehabilitación del Santo Hospital, entre otras. De igual forma, el juez prevé tomar declaración a varias personas del entorno de la Corporación municipal en relación a estas diligencias previas y a raíz de la documentación requisada, si bien aún no se ha podido concretar la fecha de estas citaciones.
Numerosa documentación
Los expedientes intervenidos por el juez fueron trasladados al filo de las cuatro de la tarde por los agentes en una carretilla con ocho carpetas y varias decenas de folios atadas en tacos. Entre ellos, el expediente referente a la urbanización 'Residencial San Pelayo' que promueve la empresa Sacyr Vallehermoso. El 19 de junio de 2006, la Junta Vecinal de Santullán presentó una primera denuncia motivada porque la empresa constructora ocupó alrededor de 3.000 metros cuadrados de suelo rústico contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana y pertenecientes a la propia Junta Vecinal.
Por aquel entonces el pedáneo, Julián Revuelta (PSOE), aseguró que el cargo de parlamentario que ostentaba en ese momento Muguruza - entonces alcalde y diputado regional del PRC- «estaba retrasando» la tramitación de la denuncia que se encontraba precisamente en ese Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales. La Junta Vecinal decidió ampliar la denuncia incluyendo en la misma a Muguruza y al entonces concejal de Obras de Castro, Salvador Hierro (IU), por un presunto delito de prevaricación. Ayer, el propio pedáneo socialista no quiso pronunciarse al respecto recordando que «es un asunto que está bajo secreto de sumario». Por su parte, la abogada de la Junta Vecinal reconoció no tener constancia de que el motivo de esta actuación judicial gire en torno a esta urbanización. Sea como fuere, este caso es una de las múltiples actuaciones que el juez está investigando.
Silencio a nivel regional
Tanto los representantes del PP como del PSOE a nivel regional evitaron ayer pronunciarse sobre los hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Castro Urdiales a la espera de conocer más datos sobre la intervención judicial. Por su parte, el portavoz del PRC en el Parlamento Regional, Rafael de la Sierra, señaló ayer que «toda actuación encaminada a acabar con la corrupción urbanística nos parece bien». Desde la prudencia que a su juicio requiere la intervención del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, el portavoz regionalista mostró su satisfacción «por actuaciones en delitos que causan gran alarma social». De la Sierra reconoció que había rumores sobre corrupción urbanística en Castro al tiempo que destacó la necesidad de «respetar la actuación de los jueces y esperar».
Los que sí se pronunciaron fueron los diferentes grupos políticos que conforman la Corporación municipal castreña. La más explícita fue la portavoz del PSOE, María Jesús Esteban, que solicitó al equipo de gobierno que dé una explicación a lo que está pasando en el Consistorio castreño tras la entrada de la Guardia Civil en la Gerencia de Urbanismo. En este sentido, Esteban aseguró que esta intervención «abre interrogantes importantes sobre la actuación del Ayuntamiento» por lo que instó al Gobierno municipal a informar de lo que está ocurriendo, tanto al resto de la Corporación como a la ciudadanía castreña. No obstante, la portavoz socialista pidió que se mantenga «la tranquilidad y la prudencia porque las investigaciones siguen su curso y están en manos de un juez», aunque sí que se mostró preocupada por las noticias que recibió sobre esta operación.
A pesar de ello, Esteban cree que «esta intervención policial no empañará la imagen del Ayuntamiento, sino que, en todo caso, empañaría la forma de hacer política de una parte de los responsables municipales. No es justo que se meta a todos en el mismo saco. No todos son de la misma condición», apostilló. Desde el equipo de gobierno, además del alcalde, el portavoz del Grupo Popular, José Miguel Rodríguez, mostró su sorpresa por la intervención judicial «porque nadie había presentado, al menos hasta las dos de la tarde, ningún documento en el que se diga en base a qué se solicitaba la documentación». «Estoy sorprendido porque cuando la Policía Judicial va a pedir documentación tiene que ser en base a un escrito judicial o un procedimiento», comentó el líder de los populares castreños que reconoció que los documentos incautados por el juez «tienen que ver con contrataciones y en base a unas notas de reparo». El alcalde Muguruza dará hoy una rueda de prensa para hablar del asunto.
