CANTABRIA
El 'caso Mari Luz' destapa en la región 5.092 sentencias penales por ejecutar
Los jueces de lo Penal de Santander dan instrucciones para que se supervisen las causas pendientes ante el temor de errores como el cometido con el presunto asesino de la niña
Papel acumulado en el servicio de reparto del decanato de Santander tras la huelga. / DANIEL PEDRIZA
4 JUZGADOS PENALES
Justicia retrasada, justicia denegada. Es un viejo aforismo que tradicionalmente se aplicaba en relación con los atascos a la hora de resolver asuntos. Pero el 'caso Mari Luz' ha aflorado a primer plano un problema que con anterioridad a este suceso parecía secundario: el retraso en el cumplimiento de las sentencias.
Santiago del Valle, el supuesto autor de la muerte de esta niña de cinco años el pasado mes de enero, tenía dos condenas firmes, pero no había ingresado en la cárcel. El caso desató todas las alarmas y asomó los errores y problemas de la Justicia para hacer cumplir sus propias resoluciones.
En el tercer trimestre de 2007, permanecían en la sombra, dormidas, 406.665 sentencias en España procedentes de los Juzgados penales, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Los cuatro Juzgados penales de Santander «sufren el mismo mal que la gran mayoría de los Juzgados penales de España», dice el juez decano de Santander, José María Arsuaga.
Así, en los cuatro Juzgados de lo Penal de la capital hay 5.092 sentencias pendientes de ejecutar, 574 más que en el año anterior, según la Memoria Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 2007, que será presentada próximamente.
Es una cantidad excesiva que puede esconder errores graves, según reconoció en declaraciones a este periódico uno de los jueces penales. «Estamos bajo el 'síndrome Mari Luz'», dijo en relación con este descuido judicial. «Vivimos con miedo y preocupación porque nos puede ocurrir algo parecido, aunque no creo que haya casos tan graves como ese. Tenemos los mismos medios materiales y personales, y cada vez hay más trabajo. Si se produce un error, aquí el que pringa es el juez».
Uno de los efectos de este suceso es que los cuatro jueces penales de Santander han dado instrucciones a los funcionarios para que «supervisen más y mejor las ejecutorias de las sentencias más graves, con condenados multirreincidentes o por delitos de agresión sexual». Y las suspensiones de condena se han reducido. Los jueces se curan en salud. «Si el condenado es reincidente y el delito grave, se le manda a la cárcel».
Este juez comenta un reciente caso. «Se trata de dos hermanos condenados a un año y medio de prisión por delitos de lesiones y con antecedentes penales. La sentencia era firme y se les citó para ingresar un determinado día en prisión. Pero argumentaron que ese día tenían que estar su madre en el notario para proceder a la venta de la casa. Traían certificado del notario y se accedió. A la semana siguiente, antes de ser citados de nuevo, su abogado solicitó la sustitución de la pena, que no estaba suspendida», para no entrar en la cárcel. ¿Qué hubiera pasado si en este tiempo cometen un delito grave, de esos que causan alarma social?
Los funcionarios se quejan de que con los medios informáticos que tienen, a veces, es difícil no cometer errores. «El Registro de Rebeldes y Penados, dependiente del Ministerio de Justicia, no está actualizado. La suspensión de una condena se concede cuando el reo no tiene antecedentes penales. Pero muchas veces los datos del registro están desfasados. Puede ocurrir que el condenado figure limpio pero tenga varios antecedentes», se quejan.
Una empleada pública comenta que recientemente tenía un reo en busca y captura para que cumpliera una multa penitenciaria, cuando días antes había estado firmando en la mesa de al lado por otro asunto.Y es que «el sistema informático es obsoleto, existe una completa desconexión entre Juzgados», comentan varios empleados. «Cada Juzgado es un mundo, de tal forma que los casos que se tramitan en uno son ignorados totalmente por los demás», apostilla otra jueza.
Todos ellos se preguntan por qué funciona Hacienda o la Seguridad Social, y no la justicia. «Somos tercermundistas y aquí no interesa que este servicio público funcione bien», replica con cierto enfado una funcionaria del Penal 2 que ejecuta sentencias. «Aquí las ejecuciones de las sentencias las llevamos más o menos al día trabajando a destajo de ocho de la mañana a tres de la tarde sin levantar cabeza. Pero cuando termine el Juzgado 2 bis de refuerzo en junio, no sé qué pasará». La Consejería de Justicia ha confirmado que prorrogará el apoyo hasta que sea necesario.
Juicios retrasados
Y es que en el Juzgado Penal 2 el problema no son las ejecutorias de las sentencias (1.000 pendientes, que tramitan cinco funcionarios, a razón de 200 causas cada uno, cifra que se ajusta al módulo aconsejado por el Consejo General del Poder Judicial). La gran rémora está en el retraso en la celebración de los juicios. Hay agresiones sexuales que llevan más de dos años a la espera de juicio. De hecho, el CGPJ realizó el pasado otoño una inspección extraordinaria a este Juzgado alertado por los casi 900 asuntos pendientes de señalar juicio.
La única medida que acordó la inspección fue aconsejar una «mejor distribución del trabajo entre los funcionarios; que se mantuviera el Juzgado de refuerzo y que se proveyera a este órgano de material necesario para poder desempeñar su actividad con normalidad». En aquel informe se hablaba de algo tan sencillo como dotar de armarios para guardar los asuntos o de «una sala con espacio suficiente para guardar las piezas de convicción». Sin embargo, esas dilaciones en el enjuiciamiento de las causas han servido para reducir la pena a muchos delincuentes.
En el Juzgado de lo Penal número 1 el problema es inverso. «Ocurre lo contrario que en el 2. En el Penal 1 se señalaba a todo meter y muy a largo plazo», subraya el juez decano José María Arsuaga, con lo que el retraso se produce a la hora de ejecutar. «El Penal 3 tiene un nivel resolutivo tremendo», comenta Arzuaga, aunque tiene 1.723 ejecutorias pendientes, algunas en archivo provisional. El Penal 4 es que mejor balance presenta, ya que su creación es más reciente.
Santiago del Valle, el supuesto autor de la muerte de esta niña de cinco años el pasado mes de enero, tenía dos condenas firmes, pero no había ingresado en la cárcel. El caso desató todas las alarmas y asomó los errores y problemas de la Justicia para hacer cumplir sus propias resoluciones.
En el tercer trimestre de 2007, permanecían en la sombra, dormidas, 406.665 sentencias en España procedentes de los Juzgados penales, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Los cuatro Juzgados penales de Santander «sufren el mismo mal que la gran mayoría de los Juzgados penales de España», dice el juez decano de Santander, José María Arsuaga.
Así, en los cuatro Juzgados de lo Penal de la capital hay 5.092 sentencias pendientes de ejecutar, 574 más que en el año anterior, según la Memoria Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 2007, que será presentada próximamente.
Es una cantidad excesiva que puede esconder errores graves, según reconoció en declaraciones a este periódico uno de los jueces penales. «Estamos bajo el 'síndrome Mari Luz'», dijo en relación con este descuido judicial. «Vivimos con miedo y preocupación porque nos puede ocurrir algo parecido, aunque no creo que haya casos tan graves como ese. Tenemos los mismos medios materiales y personales, y cada vez hay más trabajo. Si se produce un error, aquí el que pringa es el juez».
Uno de los efectos de este suceso es que los cuatro jueces penales de Santander han dado instrucciones a los funcionarios para que «supervisen más y mejor las ejecutorias de las sentencias más graves, con condenados multirreincidentes o por delitos de agresión sexual». Y las suspensiones de condena se han reducido. Los jueces se curan en salud. «Si el condenado es reincidente y el delito grave, se le manda a la cárcel».
Este juez comenta un reciente caso. «Se trata de dos hermanos condenados a un año y medio de prisión por delitos de lesiones y con antecedentes penales. La sentencia era firme y se les citó para ingresar un determinado día en prisión. Pero argumentaron que ese día tenían que estar su madre en el notario para proceder a la venta de la casa. Traían certificado del notario y se accedió. A la semana siguiente, antes de ser citados de nuevo, su abogado solicitó la sustitución de la pena, que no estaba suspendida», para no entrar en la cárcel. ¿Qué hubiera pasado si en este tiempo cometen un delito grave, de esos que causan alarma social?
Los funcionarios se quejan de que con los medios informáticos que tienen, a veces, es difícil no cometer errores. «El Registro de Rebeldes y Penados, dependiente del Ministerio de Justicia, no está actualizado. La suspensión de una condena se concede cuando el reo no tiene antecedentes penales. Pero muchas veces los datos del registro están desfasados. Puede ocurrir que el condenado figure limpio pero tenga varios antecedentes», se quejan.
Una empleada pública comenta que recientemente tenía un reo en busca y captura para que cumpliera una multa penitenciaria, cuando días antes había estado firmando en la mesa de al lado por otro asunto.Y es que «el sistema informático es obsoleto, existe una completa desconexión entre Juzgados», comentan varios empleados. «Cada Juzgado es un mundo, de tal forma que los casos que se tramitan en uno son ignorados totalmente por los demás», apostilla otra jueza.
Todos ellos se preguntan por qué funciona Hacienda o la Seguridad Social, y no la justicia. «Somos tercermundistas y aquí no interesa que este servicio público funcione bien», replica con cierto enfado una funcionaria del Penal 2 que ejecuta sentencias. «Aquí las ejecuciones de las sentencias las llevamos más o menos al día trabajando a destajo de ocho de la mañana a tres de la tarde sin levantar cabeza. Pero cuando termine el Juzgado 2 bis de refuerzo en junio, no sé qué pasará». La Consejería de Justicia ha confirmado que prorrogará el apoyo hasta que sea necesario.
Juicios retrasados
Y es que en el Juzgado Penal 2 el problema no son las ejecutorias de las sentencias (1.000 pendientes, que tramitan cinco funcionarios, a razón de 200 causas cada uno, cifra que se ajusta al módulo aconsejado por el Consejo General del Poder Judicial). La gran rémora está en el retraso en la celebración de los juicios. Hay agresiones sexuales que llevan más de dos años a la espera de juicio. De hecho, el CGPJ realizó el pasado otoño una inspección extraordinaria a este Juzgado alertado por los casi 900 asuntos pendientes de señalar juicio.
La única medida que acordó la inspección fue aconsejar una «mejor distribución del trabajo entre los funcionarios; que se mantuviera el Juzgado de refuerzo y que se proveyera a este órgano de material necesario para poder desempeñar su actividad con normalidad». En aquel informe se hablaba de algo tan sencillo como dotar de armarios para guardar los asuntos o de «una sala con espacio suficiente para guardar las piezas de convicción». Sin embargo, esas dilaciones en el enjuiciamiento de las causas han servido para reducir la pena a muchos delincuentes.
En el Juzgado de lo Penal número 1 el problema es inverso. «Ocurre lo contrario que en el 2. En el Penal 1 se señalaba a todo meter y muy a largo plazo», subraya el juez decano José María Arsuaga, con lo que el retraso se produce a la hora de ejecutar. «El Penal 3 tiene un nivel resolutivo tremendo», comenta Arzuaga, aunque tiene 1.723 ejecutorias pendientes, algunas en archivo provisional. El Penal 4 es que mejor balance presenta, ya que su creación es más reciente.
