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Desde hoy, día dos de mayo, está prevista la implantación del control de asistencia, mediante huella dactilar, para los funcionarios de Justicia de Cantabria. Los instrumentos tecnológicos ya están instalados y la efectividad de la medida se retrasará únicamente por la necesidad de que todos los trabajadores identifiquen su huella para el posterior cotejo. La medida va en la buena dirección, porque trata de cumplir el objetivo incuestionable de que todos los funcionarios cumplan con su obligación de asistencia puntual a su trabajo. Lo que sí resulta extraño es que el mismo método de control, que ya estaba comprado, pagado e instalado en la sede central del Gobierno, en Puertochico, fuera retirado antes de entrar en funcionamiento por el Gobierno de coalición PSOE-PRC hace cinco años. El presidente Miguel Ángel Revilla y otros altos cargos del PRC manifestaron entonces su frontal oposición al control por huella dactilar. Ahora se quiere implantar tan sólo a los funcionarios de Justicia, mientras el resto de los empleados públicos quedan exentos de él. Parece obligado que el presidente del Gobierno ofrezca una explicación sobre este cambio de criterio, que exponga las razones del mismo y diga si se extenderá o no a toda la Administración. El rendimiento de los funcionarios debe ser pleno y por ello son aceptables los controles que se sitúen dentro de la legalidad. El Gobierno puede y debe seguir adelante con la iniciativa, pero tiene que responder a los interrogantes que quedan abiertos.