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El desacuerdo entre País Vasco y Cantabria sobre el deslinde provocó lo que se denominó 'guerra de los carteles', cuyo primer capítulo se remonta a febrero de 1996, cuando el por entonces alcalde de Guriezo, Adolfo Izaguirre, se trasladó a Agüera para retirar un tablón de anuncio colocado por el Ayuntamiento de Trucíos (Vizcaya) y otros paneles de la Diputación Foral. En mayo, fue el consejero de Obras Públicas y hoy presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el que se desplazó a la zona para colocar cartelería de Cantabria allí donde se entendía que estaba el límite entre las dos regiones, unos carteles que fueron pintados, arrancado y retirados por manos anónimas y vueltos a colocar en repetidas ocasiones por las autoridades cántabras.

Aquello originó un conflicto de competencias -se dio en llamar 'guerra por 800 hectáreas-, y ambos, Revilla e Izaguirre, fueron imputados en un juicio que finalmente se celebraría en Castro Urdiales, del que salieron absueltos de una acusación de atentado a la jurisdicción vasca. «No se trata de una guerra por 800 hectáreas», dijo Revilla en su momento, «sino de que Cantabria no puede permitir que se pierda ni un solo metro cuadrado, y más sabiendo que detrás de eso pueden venir otras reivindicaciones».

Como consecuencia, el Ministerio de Administraciones Públicas emitió una Orden en 2003, una solución salomónica que no contentaba a nadie: Agüera pertenecía jurisdiccional y municipalmente a Guriezo, y el monte Fuentebosa, a Trucíos, con lo que unas casas estaban en Cantabria y otras en el País Vasco. Aquella orden dio origen al recurso al que, finalmente, el Supremo ha puesto punto y final.