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RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Torrelavega-Besaya

TORRELAVEGA
La fiscal pide cinco años de prisión para Gómez de Liaño por un delito ecológico
El Juzgado de Instrucción número 3 acuerda la apertura de juicio oral por un vertido que denunció en 2006 la Asociación Ríos con Vida de El Tiemblo La actuación del abogado, al que se señala como único responsable, se juzga en su condición de secretario del Consejo de Administración de Sniace

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La fiscal pide cinco años de prisión para Gómez de Liaño por un delito ecológico
Primero por la derecha, Miguel Gómez de Liaño, junto a los consejeros Antonio Temes, Roberto Peón (ya cesado), Jesús Manuel Zaballa, Blas Mezquita, Suárez y Manuel Huerta en agosto de 2007/L. P.
La fiscal María Jesús Cañadas Lorenzo ha pedido apertura de juicio oral contra Miguel Gómez de Liaño y Botella, abogado y secretario del Consejo de Administración de la empresa Sniace, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Así lo ha acordado la titular del Juzgado de Instrucción número 3, la magistrada-juez Patricia Bartolomé Obregón, que ha notificado a las partes el auto. Anoche, Sniace comunicaba este hecho a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La citada resolución ha sido dictada a solicitud del Ministerio Fiscal, única acusación en la causa, quien ha formulado un escrito contra el mencionado consejero como autor de los hechos imputados, solicitando la imposición de una pena de prisión de cinco años, accesorias y costas.

Este hecho parte de una denuncia realizada el día 18 de diciembre de 2006 por una asociación de pescadores de la localidad de El Tiemblo (Ávila) denominada 'AEMS Ríos con Vida' y que no se ha personado en la causa, aunque mantiene la acusación.

El consejero-secretario Miguel Gómez de Liaño, según se cita en la comunicación a la CNMV, dentro del plazo de diez días presentará un escrito de conformidad contra la acusación formulada, por considerar que los hechos determinantes de la imputación, carecen de relevancia penal «y que su actuación siempre se ajustó a la diligencia exigible a un ordenado y prudente administrador y al principio de buena fe y confianza legítima generado por las propias Administraciones públicas competentes en la materia», reza en el escrito que se ha remitido oficialmente a la CNMV.

El origen de la denuncia

Este procedimiento abreviado tiene su origen en unas diligencias previas del mencionado Juzgado número 3, que se incoaron en virtud de una denuncia del Ministerio Fiscal presentada tras la previa incoación de unas diligencias de investigación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por unos vertidos al río Saja, calificados como un presunto delito contra el medio ambiente, que se produjeron el 18 de Diciembre de 2006, una vez que, a criterio de la acusación, había sido retirada la autorización para verter por parte de la Confederación Hidrográfica del Norte.

El Juzgado no ha acordado la adopción de ninguna medida cautelar contra el acusado, ni ha determinado, de momento, las responsabilidades civiles derivadas del delito imputado. Sí ha acordado la apertura del juicio oral, pese a estar recurrido por la defensa el auto de procedimiento abreviado ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

En la comunicación hecha a la CNMV se recuerda también que las empresas del Grupo Sniace, cuentan en la actualidad con las preceptivas Autorizaciones Ambientales Integradas (A.A.I.S.) para realizar sus respectivas actividades fabriles. Indican que «para la reducción progresiva y definitiva de la contaminación, y cumplir con el Plan de Regularización de Vertidos comprometido con las Administraciones públicas, ha hecho en los últimos seis años inversiones por un valor aproximado de cuarenta millones de euros y tiene en curso, inversiones por importe de otros veintitrés millones más de euros, para adaptar de manera definitiva de efluentes y emisiones a lo preceptuado por la normativa medioambiental comunitaria, estatal y europea».

La Fiscalía señala al consejero-secretario como único culpable y no implica al resto del Consejo ni a la dirección de la fábrica.

Prudencia

La empresa, anoche, se mostró prudente ante este hecho recordando solamente que se encuentran pendientes de resolución diversos recursos interpuestos por la Compañía, en la vía contencioso-administrativa y judicial, de los que dependerá, en último término, primero, si existió o no incumplimiento por parte de Sniace de las condiciones del inicial Plan de Regularización de Vertidos, como para no ser prorrogado o modificado, y segundo, la vigencia misma de la Autorización Provisional de Vertidos otorgada en el año 2002, que fue revocada por la Administración en el 2006.

Finalmente se ha indicado que «Sniace cuenta con un informe pericial contradictorio, mediante el cual, se acredita que el vertido realizado por Sniace y muestreado por el Seprona el 18 de diciembre de 2006, no puede ser considerado como tóxico», han explicado.
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