CANTABRIA
Aprobada por unanimidad la ley que regula la conducta de los altos cargos
Mediavilla destaca que la norma es pionera en España y mejorará la confianza de los ciudadanos al aumentar la transparencia y la eficacia en la gestión
24.06.08 -
El consejero Mediavilla defendió la ley en el pleno. / DANIEL PEDRIZA
OTROS ACUERDOS
El Parlamento de Cantabria aprobó ayer por unanimidad la ley que regula los conflictos de intereses de los altos cargos y miembros del Gobierno regional en aras de la transparencia y la eficacia.
El consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, defendió el proyecto como un instrumento para aumentar la transparencia en la gestión. Ese el único camino, dijo, para alcanzar el objetivo de «confianza» por parte de los ciudadanos. Solo dos comunidades autónomas, Cataluña y Galicia, tienen un sistema similar pero Cantabria se convierte en pionera por someterse a los más estrictos controles.
La norma, que agrupa la regulación existente y la hace más rígida, determina las relaciones de los altos cargos con la Administración, no sólo en lo referido a su mandato sino a los años posteriores. El alto cargo, cuando deje de serlo, no podrá desarrollar una actividad privada relacionada con expedientes que ha tratado, con lo que se asegura que no utilizará su cargo en beneficio privado.
La ley incluye un apartado de sanciones para que «no sea un mero papel mojado». Las muy graves pueden suponer la inhabilitación para cualquier cargo público. La norma, aclaró Mediavilla, opta fundamentalmente por la prevención. Su artículo seis encomienda al Gobierno cántabro la elaboración de un código del buen gobierno sobre el que ya se está trabajando. «No es un texto de partidos ni de personas y tiene ámbito de perdurabilidad» por lo que se refirió a la importancia del consenso que se ha alcanzado.
Fruto de una enmienda del Partido Popular se ha eliminado la posibilidad de que un miembro del Gobierno pueda ser senador. Luis Carlos Albalá se mostró «feliz» por el acuerdo para aprobar la ley por unanimidad. Se han aceptado cinco enmiendas populares, de las 13 planteadas, y otras cinco transaccionales. «No sólo hay que ser honesto, hay que parecerlo», dijo, opinión compartida por otros portavoces.
El portavoz regionalista Rafael de la Sierra destacó que la ley lucha contra la corrupción política y recalcó que se trata de una norma preventiva para evitar «situaciones de riesgo». El órgano de vigilancia se centra, explicó, en la inspección de servicios, el Parlamento y la posibilidad de denuncias públicas. Todo ello reforzado por un régimen sancionador, subrayó.
La socialista Ruth Carrasco mostró su satisfacción por la unanimidad que se ha logrado. Este tipo de medidas son «necesarias, buenas y demandadas por la ciudadanía», aseguró. Se refirió al último barómetro del CIS que refleja que la desconfianza en la clase política es un sentimiento mayoritario de los españoles, por lo que destacó la importancia de estas iniciativas que persiguen la transparencia.
Carrasco señaló que el proyecto de ley incluye como novedades la definición de los altos altos, entre ellos los gerentes de las empresas públicas, y el seguimiento por parte del Parlamento de Cantabria.
El consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, defendió el proyecto como un instrumento para aumentar la transparencia en la gestión. Ese el único camino, dijo, para alcanzar el objetivo de «confianza» por parte de los ciudadanos. Solo dos comunidades autónomas, Cataluña y Galicia, tienen un sistema similar pero Cantabria se convierte en pionera por someterse a los más estrictos controles.
La norma, que agrupa la regulación existente y la hace más rígida, determina las relaciones de los altos cargos con la Administración, no sólo en lo referido a su mandato sino a los años posteriores. El alto cargo, cuando deje de serlo, no podrá desarrollar una actividad privada relacionada con expedientes que ha tratado, con lo que se asegura que no utilizará su cargo en beneficio privado.
La ley incluye un apartado de sanciones para que «no sea un mero papel mojado». Las muy graves pueden suponer la inhabilitación para cualquier cargo público. La norma, aclaró Mediavilla, opta fundamentalmente por la prevención. Su artículo seis encomienda al Gobierno cántabro la elaboración de un código del buen gobierno sobre el que ya se está trabajando. «No es un texto de partidos ni de personas y tiene ámbito de perdurabilidad» por lo que se refirió a la importancia del consenso que se ha alcanzado.
Fruto de una enmienda del Partido Popular se ha eliminado la posibilidad de que un miembro del Gobierno pueda ser senador. Luis Carlos Albalá se mostró «feliz» por el acuerdo para aprobar la ley por unanimidad. Se han aceptado cinco enmiendas populares, de las 13 planteadas, y otras cinco transaccionales. «No sólo hay que ser honesto, hay que parecerlo», dijo, opinión compartida por otros portavoces.
El portavoz regionalista Rafael de la Sierra destacó que la ley lucha contra la corrupción política y recalcó que se trata de una norma preventiva para evitar «situaciones de riesgo». El órgano de vigilancia se centra, explicó, en la inspección de servicios, el Parlamento y la posibilidad de denuncias públicas. Todo ello reforzado por un régimen sancionador, subrayó.
La socialista Ruth Carrasco mostró su satisfacción por la unanimidad que se ha logrado. Este tipo de medidas son «necesarias, buenas y demandadas por la ciudadanía», aseguró. Se refirió al último barómetro del CIS que refleja que la desconfianza en la clase política es un sentimiento mayoritario de los españoles, por lo que destacó la importancia de estas iniciativas que persiguen la transparencia.
Carrasco señaló que el proyecto de ley incluye como novedades la definición de los altos altos, entre ellos los gerentes de las empresas públicas, y el seguimiento por parte del Parlamento de Cantabria.
