La Junta de Castilla-La Mancha recurrirá ante los tribunales la decisión de autorizar un trasvase de 21,86 hectómetros cúbicos de agua del Tajo al Segura aprobada ayer por el Consejo de Ministros. De esta cantidad, 18 hectómetros se destinarán a riegos y los otros 3,86 a abastecimiento humano. Una medida adoptada bajo el «principio básico y esencial de solidaridad entre nuestras comunidades, solidaridad interterritorial y entre los ciudadanos», según explicó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. El trasvase aprobado es inferior al que había propuesto la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura: 75,5 hectómetros cúbicos, 40 de ellos para abastecimiento humano y 35,5 para regadíos.

El gobierno de Castilla-La Mancha considera que el trasvase para regadíos es «injustificado e innecesario», ya que los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, se encuentran al 15,15% de su capacidad total. «Esta decisión se produce en un momento muy delicado, ya que los embalses de cabecera están muy mal», indicó el presidente regional, José María Barreda, quien añadió que «más temprano que tarde, la fuerza de los acontecimientos nos va a dar la razón completamente.

El trasvase tal y como se concibió, sacando agua de Entrepeñas y Buendía y para llevarla hasta el Segura, sin dejar una gota de agua en el camino, sin beneficiar a los castellano-manchegos, ya ha empezado a terminar», añadió en referencia a la fecha de finalización del trasvase (2015) que establece la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Barreda pronosticó que cuando el trasvase desaparezca «van a ser muchos los castellano-manchegos que se van a beneficiar de este agua que, hasta ahora, ven pasar y no pueden utilizar». Entre ellos, los municipios cercanos a Entrepeñas y Buendía. Según el presidente de la asociación que los agrupa, el trasvase «está impidiendo el desarrollo económico de estos pueblos».