Cinco años llevan luchando varios afectados por los soplaos, que actualmente rondan el centenar, para buscar una solución a los hundimientos de terreno que se producen principalmente en Camargo (pueblo), Revilla y Muriedas. Los soplaos han provocado grietas en numerosas viviendas, algunas de las cuales han sido desalojadas, además de angustia entre los afectados.

Tras años de gestiones, reuniones, idas y venidas para que se resuelva la situación, que «cada vez va a peor», Javier Ruiz y María Jesús Diego han interpuesto una demanda judicial contra el Ayuntamiento de Camargo y la Confederación Hidrográfica del Norte, para que sea un juez quien establezca la responsabilidad de estos hundimientos y los daños en las viviendas, que ellos a chacan a la extracción de agua del subsuelo y así lo avalan varios informes técnicos realizados por distintas administraciones y empresas especializadas.

Ambos consideran que el problema de los soplaos también es «un rosario de errores de las administraciones y ha terminado por convertirse en un viacrucis para los afectados», ya que en 2002 se solicitó licencia para la extracción de agua sin tener en cuenta lo ocurrido en 1988 (casas agrietadas que fueron reparadas por el Ayuntamiento) ni los informes en contra que lo desaconsejaban. También, y a pesar de que los hundimientos venían produciéndose durante tres años, hasta 2006 el Ayuntamiento no informa a la Confederación del problema y ninguna de estas administraciones reconoce la relación de las extracciones con los soplaos, por lo que no comienzan el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial.

A su juicio, otro fallo es que el Ayuntamiento dice que se repararán las casas y presupuesta un millón de euros, cantidad inferior al valor fijado anteriormente (9 millones), pero además existen dificultades jurídicas porque el Consistorio no ha reconocido la relación entre extracciones y hundimientos ni su propia responsabilidad, por lo que se trataría de invertir dinero público en propiedades privadas, lo que puede ser malversación. También se pueden realizar las reparaciones con una subvención o ayuda solidaria, lo que obligaría a los afectados a declarar a Hacienda ese dinero, señalan.

Tanto Ruiz como Diego, no entienden que «desde el Ayuntamiento nos echen la culpa» de que no se reparan las casas afectadas por la demanda en la Audiencia Nacional, cuando aseguran que retirarían la demanda si «se nos ofreciera una solución adecuada que garantice que el problema no va a repetirse dentro de unos años».