07.11.08 -
El equipo de Gobierno responde al concejal del PP, Diego Movellán, que puede estar tranquilo porque en «el Ayuntamiento de Camargo se está trabajando mucho y duro», y no es necesario que el edil «venga de salvador», porque afortunadamente Camargo está en buenas manos y camina por fin en la buena dirección.
Según el comunicado, «el equipo de Gobierno no se entretiene con nada ni pierde el tiempo en tonterías, sabemos cuál es nuestro trabajo y lo hacemos». Frente al sombrío panorama que Movellán dibuja a su medida en su afán de «meterse a redentor», el equipo de Gobierno destaca que se está dando un empujón a los principales asuntos y problemas municipales como no se ha hecho en años.
En este sentido, pone de ejemplo la redacción del plan urbanístico que «avanza a un ritmo imparable», tanto que incluso «estamos recibiendo felicitaciones» de Urbanismo por dicha celeridad; el PSIR en Revilla para crear suelo industrial y poner fin a una de las grandes carencias de Camargo en los últimos años; o la próxima firma del convenio para la mejora del transporte urbano.
También recuerda que se han realizado saneamientos en Cacicedo e Igollo y se harán en otros pueblos; se están modernizando los parques infantiles, complementándolos con circuitos para mayores; y «estamos a punto de presentar obras que hasta hace poco ni se soñaron» como el soterramiento y el aparcamiento subterráneo de la Avenida Bilbao, «grandes actuaciones para algunos 'faraónicas' que el equipo de Gobierno considera absolutamente necesarias para el desarrollo integral del casco urbano».
Sobre los soplaos, afirma que el Ayuntamiento ha adaptado la extracción de agua a las nuevas exigencias de la Confederación Hidrográfica del Norte y está a las puertas de poner en marcha la nueva vía de abastecimiento en la que se viene trabajando desde el principio de la legislatura.
El equipo de Gobierno recuerda que por primera vez se ha consignado dinero en el presupuesto municipal -un millón de euros- para esta problemática y subraya que se está pendiente de la autorización administrativa por parte del Gobierno central para poder afrontar los casos más graves y urgentes, los de las familias que han tenido que ser desalojadas de sus viviendas.
