TRIBUNALES
La procesada, que sufre una enfermedad mental, aseguró al jurado popular que fue «un error» huir del lugar del crimen
La procesada entró en la sala escoltada por dos policías. /SANE
Con un hilo de voz que hacía casi imperceptibles sus palabras, Pilar C. R., la vecina de Merilla con problemas siquiátricos que mató con una hoz a una vecina del pueblo en febrero de 2007, declaró ayer que se arrepiente de lo ocurrido. «Yo no quería matar a nadie. Fui allí a por las putas gallinas, que en mala hora aparecieron». La mujer, que en su relato apenas enhebraba una palabra con otra, entre recuerdos y realidades, confesó al tribunal popular que la juzga en la Audiencia de Cantabria que ese día «no había tomado la medicación» prescrita para su enfermedad mental. Negó también que estuviera enemistada con la víctima.
El fiscal la acusa de homicidio y pide para ella doce años de cárcel, en tanto que el abogado de la familia de la fallecida la imputa un delito de asesinato por el que solicita 20 años de prisión. La defensa no niega que Pilar cometió el crimen, pero alega que sus facultades mentales estaban anuladas y, por lo tanto, no sabía lo que hacía. Por eso pide al tribunal que sea condenada a dos años y medio de cárcel que deberá cumplir en un centro siquiátrico.
La imputada, de 41 años, se mostró tan desmemoriada que los interrogatorios de las acusaciones resultaron muy difíciles. Tanto es así que el fiscal, ante los continuos silencios de la acusada a sus preguntas, espetó: «señora, le aseguro que a paciencia no me va a ganar».
Pilar dijo que conocía a María Eugenia Ruiz Lavín desde pequeña, y a sus padres. «Por desgracia he quitado la vida a su hija María Eugenia, que cuidaba de ellos junto con su hermano».
Todos eran del mismo pueblo, Merilla, una pequeña localidad del municipio de San Roque de Riomiera. El día de autos había salido con una hoceta (una hoz de mango largo) para limpiar hierbas en el campo. De manera inconexa relató que le faltaban las gallinas, que estaban en la cuadra donde se encontraba la víctima. «Yo llevaba la hoceta en la mano pero no iba a matar a nadie. Cuando me vio, dijo: 'dónde vas, so loca'. Yo estaba mal y todavía lo estoy».
Ante la insistencia de las preguntas, primero del fiscal y después de la acusación, la procesada terminó por reconocer que golpeó dos veces a la víctima en la cabeza con la hoceta. «Cuando cayó al suelo, me asusté. Yo nunca había peleado con nadie», aseguró.Y después abandonó el lugar, dejando a la víctima tendida en el suelo en un charco de sangre. «Fue un error. Si no llego a marcharme igual no se hubiera muerto», explicó a la acusación.
Después se ocultó en el monte y a última hora de la tarde regresó a su casa. Según contó, allí la esperaba su hermano Santiago. «Me echó la bronca. Ya se había enterado de lo ocurrido y sospechaba de mí. Me preguntó si había sido yo, y le dije que sí». ¿Usted le comentó a Santiago que «esa no se ríe más de mí»?, inquirió la acusación a la procesada. «Pero ¡si yo no he matado a nadie con ganas! A mí no me ha pasado ningún caso tan gordo como éste en mi vida, ni me pasará jamás», respondió la homicida.
Esa misma noche su hermano la condujo en un taxi hasta el cuartel de la Guardia Civil de Solares, pero Pilar no recordaba lo que declaró allí. «Yo de lo que ha pasado hace tiempo no recuerdo nada», respondió.
La declaración de la procesada se prolongó durante una hora. Previamente, a primera hora de la mañana, fueron elegidos los once miembros (nueve titulares y dos suplentes) del jurado popular que declarara la culpabilidad o inocencia de la mujer. El juicio, que preside el magistrado Agustín Alonso Roca, continuará hoy con la declaración de los testigos.
Una mujer violenta
Roberto Pellón, el abogado que ejerce la acusación, retrató a la procesada como una «mujer de naturaleza violenta. Su historial así lo acredita. La acusada, que golpeó con una fuerza brutal a María Eugenia, hasta el punto de que la estalló la cabeza, sin que la víctima pudiera defenderse, sabía lo que hacía, quería hacerlo y lo hizo, y no está arrepentida por ello». En su alegato previo el fiscal explicó al tribunal popular que las tres partes (acusaciones y defensa) están de acuerdo en que la procesada sufre una enfermedad mental. La cuestión está en determinar si sus facultades mentales estaban disminuidas o anuladas.
