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Santander

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La vicepresidenta ha achacado esta denuncia del alcalde a un "intento de distraer la atención" sobre la situación "complicada" por la que atraviesa el PP
16.02.09 - 14:28 -
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La vicepresidenta de Cantabria , Lola Gorostiaga (PSOE), ha acusado hoy al alcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP), de "deslealtad institucional" por no haberla informado personalmente de que, supuestamente, un trabajador de la empresa Sican le había amenazado a través de la web de "El Diario Montañés".
Gorostiaga ha asegurado que este sábado intentó ponerse en contacto con De la Serna para que le comentara personalmente el asunto, tras conocerlo en los medios de comunicación, pero ha lamentado que hasta ahora no haya recibido respuesta del alcalde.
La vicepresidenta ha achacado esta denuncia del alcalde a un "intento de distraer la atención" sobre la situación "complicada" por la que atraviesa el PP, que ha asegurado que no se la desea "a nadie", pero ha pedido a sus dirigentes que no aprovechen para dar "palos de ciego".
"Esto me parece, en estos momentos, bastante impresentable", ha afirmado Gorostiaga, quien ha opinado que tanto a De la Serna como al presidente del PP, Ignacio Diego, la dirección nacional de su partido les han "inoculado", este fin de semana, la "autodefensa".
Para la vicepresidenta, Diego y De la Serna "sólo intentan distraer la atención sobre la situación tan complicada que tienen en el PP, que no es buena para el PP pero tampoco para España". "Sus problemas no se arreglan buscando problemas en otro sitio", ha apostillado.
Gorostiaga ha insistido en que "no es justo ni democrático" que un dirigente político conozca una situación que afecta a otro y no informe a esa persona, aunque ha reiterado que en el Gobierno de Cantabria no sabe aún qué es lo que ha ocurrido.
La vicepresidenta ha explicado que lo único que sabe el Gobierno hasta ahora es que el 12 de diciembre pasado el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander remitió una solicitud a Sican para que informara sobre si alguno de sus trabajadores vivía en una de las tres direcciones de la ciudad que especificaba y para que trasladara una relación con los trabajadores de esta empresa pública entre marzo y abril de 2008.
El director de Sican, Víctor Valle, trasladó al Juzgado el día 17 de diciembre la relación de la plantilla en esos meses e indicó que ninguno de los trabajadores de la empresa vivía en las direcciones de Santander facilitadas.
Del Olmo
El consejero de Industria, Javier del Olmo, informó de este trámite judicial a la vicepresidenta este sábado, una vez que Gorostiaga se puso en contacto con todos los consejeros del Gobierno cántabro tras conocer, por un medio de comunicación, que un trabajador de una empresa pública estaba supuestamente escribiendo en la web de "El Diario Montañés" mensajes amenazantes hacia el alcalde y uno de los concejales del equipo de gobierno de Santander.
Gorostiaga ha añadido que, tras la solicitud del Juzgado, Víctor Valle remitió también, tres días después, un comunicado a todos los trabajadores de Sican señalando que quedaba prohibido utilizar el correo electrónico para asuntos personales hasta un próximo aviso.
La vicepresidenta ha lamentado que De la Serna haya "acabado de pasearse por los barrios de Santander vendiendo las obras que el Gobierno de España ha puesto a su disposición para desarrollar la ciudad" y se dedique ahora a llevar este asunto "a estos niveles" sin informar al Ejecutivo cántabro, que ha insistido en que actuará cuándo conozca cuáles son los hechos que se han producido.
Hasta ahora, según Gorostiaga, el Ejecutivo tiene sólo conocimiento de la petición del Juzgado y de que estas diligencias se han abierto por una denuncia de un medio de comunicación, pero "no del alcalde ni del Ayuntamiento".
Ha aseverado que desde el Gobierno de Cantabria no se va a permitir que se produzcan este tipo de amenazas a través de internet porque son "intolerables" y ha confiado en que esta situación lleve a "atajar" una práctica en la red que afecta, ha asegurado, "a quien tiene la más mínima proyección".
Pero ha añadido que el Ejecutivo cántabro sólo actuará si realmente tiene conocimiento de que uno de sus trabajadores ha hecho estas supuestas amenazas.
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