CASTRO URDIALES
El informe realizado por la empresa Eptisa-Cinsa en febrero de 2007 coincide con el que elaboró tres años antes la Confederación Hidrográfica
Imagen del edificio que promueve Inmobiliaria Izarra en la Unidad 1.34./ ABEL VERANO
Si la constructora Urdicam presentó hace semanas al juez Acayro un informe de la Confederación Hidrográfica de 2004 en el que se constaba que no existía arroyo en la unidad de ejecución 1.34, ahora otra de las promotoras que construye en esa zona de Santa Catalina, Inmobiliaria Izarra, ha remitido al titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro un informe geotécnico que certifica que «no existe nivel freático», es decir, debajo de su construcción no hay aguas subterráneas.
Este estudio geológico y geotécnico realizado por la empresa Eptisa Cinsa, en febrero de 2007 a petición de la propia firma constructora Inmobiliaria Izarra, deja constancia de que tras realizar los sondeos necesarios se colocaron en la perforación tuberías de PVC con objeto de poder tomar medidas para conocer la presencia de agua en el terreno.
Una vez finalizados esos sondeos se achicaron y se observó que no recuperaban el nivel «por lo que se considera que no existe nivel freático». En concreto, la empresa encargada del estudio realizó dos sondeos, uno en la zona más próxima al edificio de Urdicam y otro hacia el este dejando claro que no existía agua en el terreno y sí rellenos heterogéneos como arcillas, alguna grava y resto de material de construcción y margocalizas (un tipo de roca compuesta por un 65 a 90 % de carbonato cálcico y el resto de minerales de la arcilla).
Este informe geotécnico cuestiona de nuevo la línea argumental que mantiene el juez Acayro desde que comenzara a investigar esta zona de Santa Catalina y por la que fueron detenidos varios constructores, acusados de presuntos delitos contra la ordenación del territorio.
El instructor mantiene que en esa zona del 1.34 (lugar donde están construidos el edificio de Urdicam, el de Inmobiliaria Izarrra, así como otras construcciones de Viviendas y Promociones Cotolino) se ha construido en dominio público hidráulico, como es una zona de cauce e influencia. Acayro se apoya en un informe jurídico de la secretaria municipal y en otro del arquitecto-jefe del Servicio de Planeamiento Territorial y Urbanístico del Gobierno de Cantabria.
Jon Loroño
Uno de los promotores que fueron detenidos a instancias del juez Acayro, fue el gerente de Inmobiliaria Izarra, Jon Loroño, acusado por un presunto delito contra la ordenación del territorio y estafa. Ese mismo día, el propio Loroño dejó en entredicho la decisión del instructor demostrando que no había vendido ninguna de las viviendas del edificio en cuestión. «No me pueden acusar de estafa cuando a día de hoy no he vendido ningún inmueble en la edificación en proceso de construcción», dijo Loroño. Ahora, ese informe geotécnico podría exculparle también de la acusación contra la ordenación del territorio.
