CANTABRIA
Señala que el ex consejero actuó «con ánimo de atentar» contra el normal funcionamiento de la Justicia
Del Olmo, el jueves, cuando hizo pública su dimisión como consejero de Industria. / ANDRÉS FERNÁNDEZ
El escrito de acusación del Ministerio Fiscal considera que el ex consejero de Industria, Javier del Olmo, cuando era presidente de la Autoridad Portuaria, «amedrentó» y «humilló» a un directivo del puerto de Santander y a otro empleado. El Fiscal acusa al ex consejero socialista de prevaricación y obstrucción a la Justicia tras el despido de dos trabajadores de la entidad portuaria.
La Fiscalía imputa a Del Olmo por la actuación contra el responsable de la Policía Portuaria, Antonio Martínez Sánchez, y contra el jefe del Departamento de Administración y Finanzas, José Manuel Río Oyarbide, que fue despedido por declarar en favor del otro trabajador en un juicio laboral, según ha dictaminado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
En el escrito de acusación, el Ministerio Fiscal relata que, después de que declarara en favor de Martínez Sánchez en un juicio laboral que finalmente ganó este trabajador, Del Olmo expresó al directivo su «malestar» por ello y lo amedrentó, para posteriormente despedirlo.
Río Oyarbide presentó una demanda y el Juzgado de lo Social número 1 de Santander declaró nulo ese despido, al entender que se había decretado como represalia por su declaración testifical, una decisión que posteriormente confirmó la Sala de lo Social del TSJC.
La Fiscalía señala que el despido causó a Río Oyarbide «un malestar» y «un maltrato», además de constituir «una humillación» y «una afrenta totalmente indebida». Así, señala que Del Olmo actuó en ese caso «con ánimo de atentar contra el normal funcionamiento de la Administración de Justicia» y de «afrentar», «humillar» y «amedrentar» al directivo.
Competencia
Añade que el ex consejero acordó el despido «con total y absoluta falta de competencia», ya que, según explica, el ejercicio de sus funciones al frente del Puerto «no le permitía» realizar ese despido, que «estaba reservado al consejo de administración» del organismo.
«El señor Del Olmo conocía esta circunstancia y actuó de la forma descrita con la única finalidad de asegurar el castigo y la represalia, dictando una resolución, a sabiendas, absolutamente injusta por su contenido y fuera del ámbito de sus competencias», destaca el escrito.
