CANTABRIA
La madre del preso murciano fallecido en El Dueso, con el recurso presentado en 2005 ante el Tribunal Constitucional. / LA VERDAD
Quince años ha tardado una familia española en ver reconocidos sus derechos, lesionados por la muerte de su hijo en el penal santoñés de El Dueso. Y lo ha sido en el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el pasado 20 de marzo. La ONU ha condenado a España a reparar el daño causado a la familia de un preso que falleció en 1994 de sida complicado con tuberculosis pulmonar e infección intestinal en El Dueso. Le condenan por no haber avisado a la familia de la gravedad de su estado, ni haber accedido a su petición de que quedara en libertad condicional debido a su enfermedad.
La ONU considera que la «actitud pasiva» que mantuvo el centro penitenciario privó a la familia del preso, D.M.T., natural de Murcia, de una información que tuvo para ellos «un impacto significativo» y supone una «violación» del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por ello, considera que el Estado español «tiene la obligación» de proporcionar a la familia una «reparación apropiada», incluida una indemnización «adecuada», así como evitar que se cometan hechos similares en el futuro.
Le insta además a remitir, en 180 días, información sobre las medidas que se hayan adoptado para aplicar el dictamen del comité, así como que publique el mismo.
«Deshumanización»
El abogado de la familia, José Luis Mazón explicó ayer que la familia «ha recibido con alegría el reconocimiento de la ONU de la deshumanización penitenciara expresa. La familia fue maltratada al negárseles información sobre el grave estado del penado».
El preso entró muy joven en los penales españoles, siempre condenado por delitos de robo con intimidación. Llevaba doce años interno en diversos centros penitenciarios cuando murió. Para el abogado de la familia «el varapalo a esa gravísima deshumanización penitenciaria española es muy importante y pone en entredicho el respeto a los derechos humanos en España», indicó.
En cuanto a las satisfacción económica que deberá recibir la familia por parte del Estado español, el abogado de la familia explicó que «no confiamos en que el Ministerio de Justicia ofrezca compensación económica alguna en el plazo de 180 días, como ha dictado la ONU, por lo que llevaremos el caso ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional».
El caso, indicó el letrado, fue presentado ante la ONU en abril de 2006. Según relata la resolución del Comité de Derechos Humanos, el preso, que contaba con 36 años en el momento de su fallecimiento y que estaba condenado a 28 años de prisión, ingresó en el penal de El Dueso, proveniente de otros centros penitenciarios, el 7 de diciembre de 1991, dos años después de ser diagnosticado de sida.
En un primer momento, la familia del fallecido solicitó una indemnización al Ministerio de Justicia (que la rechazó), por el deficiente funcionamiento de las instituciones penitenciarias, denunciando la negación del traslado del preso a la prisión de Murcia, falta de tratamiento médico adecuado, denegación de la libertad condicional por enfermedad y no comunicación del agravamiento de su estado de salud. Después, interpusieron recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, que lo desestimó en 1999; después ante el Tribunal Supremo, que hizo lo propio en el 2004; y seguidamente ante el Tribunal Constitucional, que lo inadmitió en el 2006.
Silencio oficial
La delegación del Gobierno en Cantabria declinó hacer declaraciones sobre la condena de la ONU, remitiendo al penal de El Dueso. Allí se remitió a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que indicó a EL DIARIO MONTAÑÉS que no habría manifestación alguna sobre el caso, por haber transcurrido muchos años del mismo y ya no estar al frente del departamento los mismos funcionarios.
