El permiso de actividad de Garoña expira el 5 de julio, el Gobierno sigue en silencio y partidarios y detractores de la continuidad de la central nuclear burgalesa recrudecen su ofensiva en un intento de inclinar de su lado la balanza. La guerra de nervios y las presiones arrecian y los trabajadores y el lobby nuclear por un lado, y los ecologistas y contrarios a la energía atómica por otro, han decidido echar el resto. Hoy, miércoles, los trabajadores de Garoña llevarán su protesta y la exigencia de mantenerla abierta a los principales foros legislativos, en Madrid y en Bruselas. Una representación de la plantilla se concentrará a primera hora ante el Congreso de los Diputados para dar visibilidad a sus demandas y transmitir a sus señorías la inquietud por el futuro de sus empleos, más de 800 entre directos e indirectos.
Casi simultáneamente, en la capital belga, un grupo de trabajadores se entrevistará con eurodiputados de la comisión de energía del parlamento comunitario. Ante eurodiputados de Italia, Francia, Inglaterra, Hungría y Suecia, los operarios de Garoña desgranarán las razones que justifican, a su entender, la prórroga de la actividad por otros diez años, hasta 2019. Máxime, explican en un comunicado, después del dictamen favorable y unánime del Consejo de Seguridad Nuclear.
Aducirán, además, que la fuerte dependencia energética española del exterior y las dificultades para cumplir con la reducción de emisiones de CO2 pactada en el Protocolo de Kioto, aconsejan no prescindir de la producción eléctrica de Garoña, aunque suponga apenas el 1,4% del total. Y un factor más, y no menor para los trabajadores, que es «el contexto de la actual crisis internacional, que de forma tan acusada golpea a España, con más de cuatro millones de desempleados».
Manifiesto
A otro lado de la controversia, más de 200 personalidades del mundo de la cultura, el medio ambiente, la universidad y la política suscribieron ayer un manifiesto por el cierre de la central más antigua de España, patroneado por Greenpeace. Entre los firmantes, nombres como los escritores Bernardo Atxaga, Manuel Rivas y Rosa Regás, el sacerdote y teólogo jesuita Jon Sobrino, los cineastas Víctor Erice y Fernando Colomo, los músicos Kiko Veneno, Bebe, Coti y otros, la periodista Carmen Sarmiento, el diputado y secretario de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, o el actual coordinador de IU, Cayo Lara, y su predecesor, Gaspar Llamazares.
Ellos y otros más recuerdan al Gobierno que la de Garoña es una central «sobradamente amortizada desde hace años» y, por tanto, el principal obstáculo económico que se plantea es «el interés de las compañías eléctricas propietarias, Iberdrola y Endesa» por generar beneficios adicionales. Citan además la edad de la central, el riesgo «de un accidente nuclear de consecuencias desastrosas», y el freno que supone la energía nuclear para avanzar el modelo energético «cien por cien renovable y eficiente», como razones para decretar su cierre inmediato. La clausura de Garoña, aseguran los firmantes, no dejaría sin empleo a los trabajadores de la planta.
El proceso de desmantelamiento de una central dura años y procura casi tanto trabajo como su operatividad, y con planes de reactivación industrial, el Valle de Tobalina, donde está emplazada Garoña, dejaría de ser un «monocultivo» nuclear para abrirse a «un verdadero desarrollo sostenible de la zona».
El manifiesto se puede apoyar firmando desde el 'registro antinuclear' que Greenpeace tiene en la web www.yosoyantinuclear.org, y está secundado por científicos del CSIC, además de representantes de organizaciones de consumidores y de cooperación al desarrollo. Greenpeace y el resto de las grandes ong ecologistas del país, WWF, Ecologistas en Acción, SEO/BirLife y Amigos de la Tierra, se concentrarán también hoy ante el Ministerio de Industria. Los verdes denuncian intensas presiones por parte del lobby nuclear. «Estamos atónitos ante la ofensiva pronuclear de Iberdrola y Endesa, y queríamos responder a las mentiras que dicen que España depende de las nucleares francesas y que cerrar Garoña subirá la factura de la luz», subrayó Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace.