El Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi), de Cantabria, representa a 40.000 personas en las asociaciones que se reúnen bajo sus siglas. Hace unas semanas, la entidad denunció el retraso del cobro de las subvenciones que reciben por parte del Gobierno regional en los centros especiales de empleo de la región, en total 14 que dan trabajo a mil personas. Esta inquietud va más allá, a pesar de que las ayudas están llegando «desde el pasado jueves». Según el presidente del Cermi, Alfonso Tazón, las subvenciones que reciben estos centros del Gobierno regional cubren el 50% del salario mínimo interprofesional de los mil puestos de trabajo que se acogen a esta ayuda, para lo cual los presupuestos de la Consejería de Servicios Sociales (dirigida por la vicepresidenta Dolores Gorostiaga) tienen consignado más de 600 millones de euros. No obstante, a pesar de esta aportación pública, la situación a la que se enfrentan los diez centros de empleo dependientes del Cermi arroja cifras preocupantes: «El 60% de los centros ha sufrido en el último trimestre reducciones de hasta un 20 por ciento en la facturación. Hay una tendencia en el primer trimestre de reducción de la contratación de personas con discapacidad tanto en el empleo ordinario como en el protegido (entre un 13 y un 2%), muchos presentan dificultades de liquidez y el 50 por ciento de ellos piensa que puede llegar a sufrir reducciones de empleo en este trimestre o el siguiente si la situación sigue como hasta ahora».

Más participación

Las ayudas del Gobierno regional «están llegando desde el pasado jueves», y los centros especiales de empleo están cobrando lo correspondiente a enero y febrero, «y en algunos casos el anuncio de la aprobación marzo y abril. No queremos que se repita lo que sucedió en el curso 2005-1006, que estuvimos hasta noviembre sin recibir las ayudas. Pero un Decreto de 2008 agilizó los trámites pero este año se ha vuelto a ralentizar, no sabemos si es un problema de gestión o es un problema derivado por la crisis».

Pero el Cermi apunta más allá para afianzar los puestos de trabajo de las personas con discapacidad, cuya destrucción es mucho más sensible «dado el enorme esfuerzo económico y el ingente trabajo de entidades públicas y privadas para crearlo». Su lucha está abanderada por la Declaración de Madrid, «Nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad». Por ello, las propuestas que lanzan desde Cermi son «además de agilizar las subvenciones, ejecutar el Plan de medidas de choque para afrontar la crisis en los centros especiales de empleo con el objetivo de que ninguno llegue a presentar un ERE». Este Plan contempla medidas tales como la creación de un fondo especial para el mantenimiento del empleo, medidas relativas a los salarios o las inversiones así como la contratación pública de estas entidades o reserva de plazas de puestos de trabajo de Centros Especiales de Empleo.

Una tercera propuesta del Cermi pasa por «la necesidad de crear cauces de información y participación «porque el Consejo Asesor de Organismos Sociales, ante la escasez de sus reuniones y la cantidad de gente que lo forma, no está siendo operativo». Según denuncia Tazón, « sólo se ha reunido dos veces desde su creación hace casi dos años, y de las más de 40 personas que lo forman sólo cuatro representan a las entidades sociales, el resto son funcionarios».

Por último, el Cermi quiere proponer al Gobierno regional que se de prioridad en los conciertos a todos las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro.

Esperando a Gorostiaga

El gran cambio fue pasar del sistema arbitrario que existía en la prestación de servicios a otra realidad en la que «los servicios sociales se han convertido en un derechos exigible para cualquier persona, sea cual sea el partido político que gobiernes, ya que están obligados por la Ley desarrollada por el gobierno socialista y regionalista a dar las prestaciones sociales.

No obstante, el pasado mes de marzo el Cermi solicitó una entrevista con la consejera de Servicios Sociales, la vicepresidenta Dolores Gorostiaga, «pero hasta el momento no nos ha recibido. Sí que tuvimos una reunión con el director general de Políticas Sociales en abril que nos recogió la documentación que le llevamos y nos dijo que ya se pondrían en contacto con nosotros. Pero seguimos esperando».