El Ministerio del Interior ya ha iniciado el proceso para indemnizar a la familia del preso murciano que falleció de Sida cuando cumplía condena en el penal de El Dueso, en Santoña, después de que el Estado español fuese condenado por una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El dictamen del citado Comité, hecho público el pasado mes de abril, señalaba que «la actitud pasiva de la prisión, que no informó a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del agravamiento de la salud del interno, D.M., privó a sus familiares de una información que, sin duda, tuvo un impacto significativo en sus vidas».
