Diez menores fueron detenidos en Santander por robo, daños a la propiedad, agresión y amenazas a un policía en los últimos quince días. No son casos aislados. Los delitos cometidos por adolescentes han crecido en Cantabria a un ritmo «muy alto» en los últimos dos años, como reconocen desde la propia Fiscalía de Menores. Incluso, los centros de internamiento están al borde de su capacidad. Es el caso del de Parayas, con 19 inquilinos en la actualidad cuando su aforo máximo es de veinte. Pero el problema no es aislado en esta región, se intensifica a escala nacional con casos como las recientes violaciones de dos niñas en Andalucía cometidas por grupos de menores.
Los datos son rotundos. Sólo en el primer semestre de este año se juzgó en Cantabria a 155 adolescentes, por 116 del mismo periodo del año pasado. Es decir, una media de seis menores pasa cada semana por delante del juez. Y nada tiene que ver el aumento de la inmigración o las clases sociales bajas. «Nueve de cada diez son nacidos aquí y de clase media. Eso sí, un porcentaje muy alto proviene de una familia desestructurada, con padres divorciados o separados», explica Jesús Rodríguez, jefe de sección de Menores Infractores del Gobierno regional.
Los delitos que más cometen los jóvenes cántabros van desde los robos -bolsos , cazadoras y teléfonos móviles sobre todo- hasta el vandalismo público y la conducción de un vehículo sin permiso. Pero lo más preocupante, según desvela una de las fiscales de Menores de Cantabria, María Felicidad Andrés, es el aumento de padres que denuncian a sus propios hijos por violencia doméstica. «Hay de todo, chavales que empujan a sus padres por las escaleras, los amenazan para que les den dinero o los agreden llegando incluso a romperles un brazo», detalla la fiscal. Este tipo de violencia es más común entre los chicos, mientras que ellas acumulan más denuncias por injurias e insultos a través de redes sociales como Facebook o Twitter.
También existen en Cantabria delitos sexuales «bastante frecuentes» protagonizados por menores de edad. «No se llega al nivel de las violaciones que hemos conocido en Andalucía, pero muchas denuncias son por chavales que sobrepasan los límites en los colegios, en los parques...», señala María Felicidad Andrés.
La legislación actual en España delimita la edad penal en los 18 años, aunque a partir de los 14 se pueden exigir responsabilidades. Únicamente los menores de esa edad quedan exentos de esa exigencia. La pena máxima para la franja entre los 14 y los 17 años es un internamiento en régimen cerrado en un centro especial. Es decir, si un adolescente al que le faltan pocas semanas para cumplir los 14 años viola a una chica -como ocurrió en Andalucía- no tiene ninguna responsabilidad penal.
Este repunte de la delincuencia juvenil y la impunidad de alguno de sus autores ha provocado un intenso debate sobre la necesidad o no de reformar la Ley del Menor, aprobada en 2000 y modificada en 2006. En concreto, el PP presentará este mes en el Congreso de los Diputados rebajar la edad mínima de imputabilidad a los 12 años en casos de especial gravedad o reincidencia.
La secretaria general en Cantabria del Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP), Asunción Pérez, apoya esta medida. «Muchos padres no pueden con sus hijos y la sociedad tiene el deber de ayudarlos. Cada vez hay más problemas con los menores y tenemos que tomar medidas urgentes para evitar crear ladrones, asesinos y maltratadores en potencia», señala. Pérez, sin embargo, no habla de meter a los menores en la cárcel, sino de abrir nuevos centros especiales en los que puedan ser tratados. «Para muchos adolescentes delinquir es una afición, por eso antes de corrección hace falta rehabilitación», explica.
Los jueces, divididos
De la misma opinión es la fiscal María Felicidad Andrés: «Estoy a favor de rebajar la edad de responsabilidad para que no queden impunes muchas conductas». El jefe de la sección de menores infractores del Gobierno regional también piensa que esta medida «sería buena», pero con matices. «Es necesario que haya respuesta a los delitos de los menores porque se nos están escapando, pero también hay que ser comedidos», añade.
Los jueces, por su lado, están más divididos sobre la conveniencia de reformar la ley. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cree que la solución no se encuentra en un cambio de las leyes, «sino en una mejora de la educación». Mientras, el Foro Judicial Independiente (FJI) se muestra partidario de una modificación que «distinga entre delitos menores y delitos graves como el asesinato o la violación».
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