El 'caso Morín' ha provocado una verdadera conmoción en el restringido mundo de la arqueología cántabra. Es la primera vez que tres profesionales de prestigio europeo reciben una sanción que, de hecho, les impide seguir su carrera profesional en excavaciones en Cantabria durante dos años, ya que no recibirán ningún permiso en ese periodo de tiempo. La inhabilitación ha causado asombro por su dureza y, en muchos ámbitos, por la nimiedad de las acusaciones de las que son objeto.
En el caso del torrelavegense César González Saiz, uno de los mejores expertos españoles en arte rupestre, los cargos son el haber estudiado los restos de pintura que aparecen en la cueva de Morín sin el preceptivo permiso de excavación de la consejería. Para sus colegas Jesús Emilio González Urquijo y Gred-Christian Weniger, éste último director del Museo del Neanderthal en Alemania, codirectores de la excavación de Morín, las acusaciones van desde no haber devuelto a tiempo la llave del candado de la cueva hasta haber dejado materiales en ella una vez expirado el permiso.
El expediente fue incoado por el Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, dirigido por Emilia Calleja, y tras las alegaciones la sanción ha sido recibida esta pasada semana. Contra ella caben recursos ante el consejero Francisco Javier López Marcano y, posteriormente, a los tribunales. Los afectados recurrirán.
El director regional de Cultura, Justo Barreda, ha asegurado a EL DIARIO MONTAÑÉS que la sanción viene de la aplicación de la Ley de Patrimonio de Cantabria y no ha ocultado lo que definió como «un problema». «La ley no da margen y la sanción mínima que contempla es de dos años. No obstante, tienen abierta la puerta de recurrir y puedo asegurar que sus alegaciones serán atendidas con todo interés».
El catedrático de la Universidad de Cantabria César González Saiz, uno de los sancionados, considera «inexplicable» lo sucedido. «Es el fruto de retorcer hasta el absurdo la ley para condenarme. Me inhabilitan durante dos años por acudir un domingo a la excavación de unos amigos y echar un vistazo a una pared», asegura.
Según el catedrático, algunas alusiones publicadas hace tiempo sobre la cueva de Morín decían que había trazos de pintura roja sobre los que habría que dilucidar si se trataban de restos de un conjunto de pinturas rupestres del Paleolítico Superior, lo que sería una notable novedad en esta cueva. «A mí me dijeron: 'míralo y dinos que te parece'. Es decir, lo mismo que sucede todos los días en cientos de excavaciones en todo el mundo. Los científicos intercambiamos opiniones y eso, por mucho que diga Cultura, no puede ser delito. Yo no he redactado ningún informe, no he publicado ni una línea de esto, ni he abordado una investigación. Sólo le dije a Jesús Emilio que, efectivamente, parecían pinturas. Y fíjate si estábamos seguros que obrábamos bien que él lo puso en el informe final, indicando que sería necesario iniciar una investigación».
González Urquijo, también sancionado, explica desde Siria, donde en estos momentos excava, algunas de las circunstancia del caso. «Una de las faltas tiene que ver con la falta de devolución de la llave de la cueva una vez acabado el permiso de intervención en ella, el 28 de noviembre. Continuamos con la llave porque no habíamos acabado con el traslado de los sacos de sedimento, ya que las lluvias dejaron intransitable el acceso y tuvimos que trasladar a hombros 400 sacos al quedarse atascado el todoterreno. Lo curioso es que avisamos de esto por teléfono al Jefe de Sección de Arqueología de la Consejería y ahora nos dicen que no seguimos el procedimiento».
«Grave descalificación»
El profesor asegura que la decisión de Cultura le ha provocado una sensación de indefensión y de angustia. «Estamos seguros de que hemos llevado a cabo el conjunto de la intervención arqueológica de acuerdo con los cánones más rigurosos (en una de nuestras alegaciones aportamos los informes de colegas de otras Universidades y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que lo avalan) y, sin embargo, nos encontramos con una descalificación gravísima».
González Urquijo no oculta su alarma: «Se está utilizando una ley diseñada para proteger el Patrimonio para dirimir conflictos de otro tipo. Es muy delicado emplear la potestad sancionadora así, sobre todo porque, al final, lo que deja indefenso es al propio Patrimonio, que es lo que aparentemente se pretendía defender».
