El PP se quedó casi solo. Su aspiración de que profesores y maestros sean considerados como autoridad pública fue tumbada ayer en la Cámara Baja. El Congreso de los Diputados rechazó con los votos del PSOE, CiU, PNV, ERC-IU y gran parte del Grupo Mixto la proposición de ley 'popular' que modificaba la Ley Orgánica de Educación (LOE), para reconocer a la profesión docente como autoridad en el ejercicio de sus funciones, una condición que permitiría tipificar como 'atentados' las agresiones que sufren los profesores, mediante la aplicación de los artículos 550 y 551 del Código Penal. El Grupo Popular sólo contó con el apoyo de la diputada Rosa Díez (Unión, Progreso y Democracia).
En defensa de su iniciativa, el representante del PP, Juan Antonio Gómez Trinidad, planteó que la LOE resalta el papel de los profesores como 'motor' de la actividad de los centros escolares y que contempla la función docente como «factor esencial de la educación», por lo que es indispensable «el reconocimiento social al profesorado». Asimismo, argumentó, la normativa vigente, en su artículo 104, establece que las administraciones educativas «velarán por que el profesorado reciba la consideración acorde con la importancia social de la tarea».
Pacto de Estado
Así las cosas, el PP recordó que la Fiscalía General aconseja a los fiscales que califiquen las agresiones a los funcionarios en el ámbito educativo como atentado contra la autoridad y funcionario público, debido a los casos sobre amenazas y ataques contra los docentes que han generado, según el PP, un amplio debate social. «Las agresiones contra los profesores son un clamor social. Hay miles de denuncias ante el Defensor del Pueblo y el Defensor del Profesor , institución creada por un sindicato docente», se lamentó.
Pero la iniciativa 'popular' -que tuvo su inicial eco con la medida que pretende impulsar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre- se vio truncada en su debate en el pleno de la Cámara. Tanto el PSOE como diversos grupos parlamentarios de la oposición reprocharon al representante del PP que defendiera una iniciativa de esas características cuando, en la actualidad, se está buscando el consenso para alcanzar un pacto de Estado por la educación.
La diputada del PSOE Cándida Martínez dejó caer que la proposición de ley del PP podría perseguir «dificultar la posibilidad de un pacto», máxime cuando la propuesta parlamentaria «ni es oportuna ni surge en el mejor momento para trabajar en pos del acuerdo». «La autoridad docente se trata de un tema serio y complejo para mantener un debate».
Mayores penas
La parlamentaria socialista afirmó que su grupo no compartía «reducir el concepto de autoridad docente al ámbito penal. ¿O se pretende calificar como un delito la desobediencia de un alumno, por ejemplo? Con esta propuesta no se aumenta la dignidad del profesorado, lo único que se aumentan son las penas».
En nombre de CiU, Mercedes Pignen, reprochó al PP que su propuesta «no cuenta con el consenso de la comunidad educativa».
Además, argumentó, los efectos penales de agredir a un profesor ya están 'amparados' por la circular de la Fiscalía General del Estado y diversas sentencias que se pronuncian en el mismo sentido. Pignen señaló que una iniciativa de esta índole debe ser debatida en el marco del pacto de Estado sobre educación, máxime cuando «el Ministerio no está cerrado a posibles reformas». «Es mejor -agregó- abrir la reforma de la LOE una sola vez y no proceder a reformas puntuales».
Coincidió en el mismo diagnóstico el representante del PNV, Aitor Esteban. «No es el momento para una reforma puntual de la LOE cuando estamos enfrascados en alcanzar un pacto de Estado en educación», manifestó.
