Vaklav Klaus cumplió ayer su promesa y estampó a primeras horas de la tarde su firma en el Tratado de Lisboa, lo que cierra el ciclo de ratificación del nuevo ordenamiento básico de la Unión Europea. Su entrada en vigor tendrá lugar el primero de diciembre próximo. Por la mañana, el Tribunal Constitucional checo había fallado que el Tratado no contraviene el orden constitucional checo (como antes hiciera con aquellos artículos que permitían una interpretación más problemática).
El presidente Durao Barroso declaró en un comunicado que «la vía está abierta para consultas formales orientadas a la designación del presidente del Consejo Europeo y del vicepresidente de la Comisión y alto representante» y la presidencia sueca de la UE le pisaba la palabra, anunciando a media tarde haber abierto esas consultas. El primer ministro, Fredrik Reinfeldt, expresaba su satisfacción por la firma de Klaus y anunciaba la entrada en vigor del texto el 1 de diciembre.
La sensación de que, con la incógnita del nuevo Tratado de Lisboa despejada, las prisas se han instalado en las instituciones comunitarias era ayer palpable. La aplicación de Lisboa entraña la modificación del plenario.
Habrá 18 nuevos europarlamentarios procedentes de 12 Estados miembros, cuatro de los cuales serán españoles, lo que elevará su cómputo total a 54, desde los 50 actuales. Se trata de una compensación negociada por Madrid ya con motivo de la fallida Constitución europea, que ha sido asimilada por el Tratado de Lisboa. Las mayores urgencias las definen los nuevos cargos: el presidente del Consejo Europeo y el vicepresidente de la Comisión y Alto Representante para la Política Exterior y de Defensa. Se da por cierta la convocatoria de una cumbre extraordinaria a mediados de este mes en Bruselas, para designar a los nuevos responsables de las instituciones europeas. Barroso tiene poco tiempo para cerrar acuerdos sobre el reparto de cargos.
