La aplicación de la Ley de Dependencia enfrentó ayer al Gobierno regional y la oposición en el transcurso de la Comisión de Economía del Parlamento, en la que la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, dio cuenta del presupuesto de su consejería para 2010.
Las cuentas de Empleo y Bienestar Social ascienden a 317,8 millones de euros lo que supone un incremento del 9,5%. Se trata del departamento de la Administración regional que más crece. Gorostiaga apuntó que es un presupuesto austero y de carácter social «adaptado a un periodo de crisis». Se garantiza, dijo, la protección de los colectivos más desfavorecidos.
Destacó sobre todo los gastos en empleo y en la Ley de Dependencia. Fue esta última la que motivó más enfrentamiento con el portavoz popular, Eduardo Van den Eynde, que criticó que la Administración autonómica asuma el grueso de los gastos, 130 millones de euros, mientras que el Estado aporta sólo 25 millones de los 65 millones que le corresponden. «Ponemos 40 millones de más», puntualizó el diputado popular.
También censuró que el Ejecutivo regional extienda la ayuda al entorno familiar que, a su juicio, debe ser excepcional, porque «es la solución más fácil». Supone, precisó, el 62% de los beneficiarios.
Estos reparos fueron acogidos con desagrado por Gorostiaga, que recordó al representante del PP que Cantabria es la primera comunidad autónoma en el cumplimiento de la Ley de Dependencia. «Ustedes se cabrean cuando pasa algo bueno; deberían estar orgullosos», le dijo, e incluso apuntó que el PP cántabro «podría dar consejos» a sus compañeros en otras comunidades autónomas.
Acusó a los populares de «desconocimiento absoluto» sobre la ley ya que, dijo, la aportación del Estado no tiene que ser del 50%. Precisó que la prioridad es la atención a las personas, pague quien pague. En cuanto a la ayuda al entorno familiar, señaló que es la opción que mayoritariamente elige el dependiente.
Van den Eynde consideró que el presupuesto es un lastre y va a prolongar la crisis porque carece de medidas innovadoras.
