«Voy al psiquiatra porque tengo depresión, sufro taquicardias y no quiero salir de casa. Llevo 11 años viviendo con una espada sobre mi». Conchi Pardo, a la que su marido recomienda que entre en casa cuando presiente que se va a echar a llorar, simboliza el sentir de cualquiera de los vecinos que ayer supieron, leyendo el periódico, que tienen 15 días para abandonar su hogar. Su relato, dramático, ve la luz horas después de que la hiciera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que ordena el inminente derribo de los chalés de la urbanización 'Nuevo Liencres' (Cerrias 1). «Que tiren la casa con nosotros dentro», dice su esposo, Ángel Esteban, mientras busca un momento de serenidad que no encuentra.
El matrimonio, que lleva toda la mañana atendiendo a la prensa y conversando con otros vecinos afectados, explica que compró la casa en agosto de 1998 y que apenas un mes después, llegaron los primeros problemas. Problemas que se han prolongado en los últimos 11 años y que han derivado en una sentencia de derribo. Ángel, que no concibe una sentencia como ésta y recuerda que todo su patrimonio «está aquí invertido», asegura que esta situación la han generado «los políticos». Luego, matiza: «Revilla y Gorostiaga. Ellos han creado un problema y luego se han lavado las manos. ¿En qué país pasa esto?».
Preguntado por el futuro, el matrimonio reconoce que no sabe lo que sucederá pero que está dispuesto a llegar hasta el final para defender su casa. «Hemos hablado con el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, y se ha comprometido a apoyarnos en todo cuanto pueda. Nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a acudir al Tribunal de Estrasburgo», añade Ángel.
Su mujer, que le escucha callada, interviene: «Hemos pagado esta casa porque era una casa legal, para que luego venga el Gobierno y la tire», se lamenta.
Dos bloques más arriba, Cristina trata de digerir la noticia. Como antes Conchi y Ángel, ella también explica su situación personal: «Arrastramos una hipoteca. Estoy muy afectada. Y no sólo yo. Mi familia también. Me han llamado preocupados al enterarse de lo publicado. Vivo con mi marido y mi hijo y no tengo dónde ir. Igual me tengo que ir a su casa», dice refiriéndose a la de 'los causantes' de una situación que está pudiendo con ella. «Todavía lo estoy asimilando. Me he tenido que tomar una pastilla. Lo estamos pasando muy mal».
«Nosotros vamos detrás»
En la acera de enfrente, Cerrias 2, han visto pelar las barbas de su vecino. Por eso, a medida que la noticia se extiende, en el lugar se empiezan a congregar algunos de sus propietarios. Dan ánimos a sus convecinos al tiempo que les trasladan sus sospechas: «Nosotros vamos detrás», dice Enrique. «Nos va a pillar a todos». Como los anteriores, él también está preocupado. La orden de derribo no ha llegado, «pero llegará y entonces ¿qué vamos a hacer? Están cometiendo una gran injusticia», dice. «Es que. esto es increíble. Parezca que vivamos en una república bananera. Esto en un país normal no pasa. Sólo pasa aquí».
María Ángeles vive también en Cerrias 2. Lo hace con su hija y sus padres octogenarios. «Esto es impresentable. Tengo miedo hasta de hablar. Me siento torturada. Ya se lo dije a Mazón, dice en alusión al consejero, y me contestó que no pensaba que lo estuviera». No es la única que se siente así. También Emilio. Sus hijos viven en una de las viviendas de esta segunda parcela desde hace 10 años y, al enterarse de la noticia, ha empezado a moverse: «No hay derecho a que tanto nosotros como el Ayuntamiento nos tengamos que enterar por los medios». Sabe, en cambio, del documento hecho público ayer por el Consistorio de Piélagos en el que Miguel Ángel Revilla desestimó el recurso presentado por ARCA para la paralización de la obra en 1996, una publicación que ayer estaba en boca de todos los afectados.
