España y otros seis países europeos lograron ayer bloquear el acuerdo sobre la directiva europea para la asistencia médica transfronteriza. España se oponía a la directiva al considerar que supondría un excesivo coste adicional para el sistema público de Salud y que la medida no garantiza la calidad de los servicios sanitarios recibidos en otro país.
España, junto a Portugal, lideró el rechazo al llamado 'turismo sanitario' desde que fue propuesto por la Comisión Europea (CE) a mediados de 2008, y ambos lograron conformar una minoría de bloqueo -en la que también se integraron Polonia, Grecia, Rumanía, Lituania y Eslovaquia- en el Consejo.
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ya había advertido previamente de que la nueva norma europea para reforzar los derechos de los pacientes que viajan para recibir tratamiento en otro Estado iba a suponer un aumento de costes para España de 2.000 millones de euros anuales. Jiménez explicó que España mantenía una «reserva general» contra la directiva y estaba convencida de que una «minoría de bloqueo» iba a impedir que la legislación fuese aprobada, como pretendía la presidencia sueca.
«No hemos logrado alcanzar un acuerdo. Algunos países parecen preferir basarse en las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE en lugar de hacer un acuerdo político para regular este área», declaró el ministro sueco de Sanidad, Göran Hägglund, tras el Consejo que se celebró en Bruselas.
La oposición de España
«Esta directiva hubiera supuesto aumentar los costes. Desde el Gobierno hemos hecho incluso una estimación del aumento del presupuesto, que supondría un coste adicional de entre el 2% y el 5% del actual presupuesto español de Sanidad», dijo Jiménez a la entrada de la reunión de ministros de Sanidad de la UE. La razón de este aumento de costes, prosiguió la ministra, es que la norma sobre servicios sanitarios creará «una organización dual». «Por un lado tendríamos que mantener nuestro sistema público de salud y por otro, de forma paralela, tendríamos que mantener este sistema que se nos propone en la directiva, este sistema de reembolso que no existe en nuestro país», señaló.
A su juicio, la directiva «va en contra del derecho exclusivo que tiene cada Estado a la organización de sus servicios sanitarios» y no garantiza «la seguridad jurídica suficiente», afirmó Jiménez, al permitirse que una persona acuda a un servicio sanitario sin que exista recomendación de un médico, y se le autoriza ir a cualquier tipo de centros, mientras que España quiere que sólo sea a los públicos.
La propuesta estaba destinada a eliminar los obstáculos administrativos para que los ciudadanos comunitarios puedan recibir asistencia sanitaria en otros Estados miembros y obtener el reembolso de esos gastos, lo que fue el principal motivo del rechazo del grupo de países que votaron en contra.
Algunos de los Estados miembros que se opusieron cuentan con sistemas sanitarios gratuitos -como es el caso de España- en los que no es necesario pagar por adelantado por la asistencia médica. Además, la medida tendría efectos desiguales en España al afectar especialmente a comunidades como Baleares, Canarias o Valencia, donde reside un gran número de pensionistas europeos.
