No cuestiono a ARCA por denunciar obras y construcciones que perjudiquen el medio ambiente. Es su cometido y a fe que lo hacen bien pues han conseguido sonadas resoluciones judiciales en su favor. Cuando compramos las casas en la urbanización Cerrias I no constaba en ningún lugar que ésta estuviera denunciada por ARCA. Ni la promotora, ni el notario, ni el banco (sorprendentemente) nos informaron de esta grave circunstancia. El hecho es que unas semanas después de entrar a vivir en ellos, año 1998, un tribunal de Santander dio la razón a ARCA y sentenció a la urbanización Cerrias I a ser derribada. Las razones fueron dos. La primera, estimar la alegación de ARCA y revocar la calificación del terreno, urbano en aquel momento, sobre el que levantaban las edificaciones al carecer de los mínimos requerimientos para ello. De hecho los servicios y viales se construyeron conjuntamente con las casas y a fecha de hoy existen y dan servicio (la depuradora por ejemplo) a varias urbanizaciones de alrededor. La segunda razón, estimó el tribunal, es que tenía un impacto paisajístico importante. Cualquiera que se acerque a la urbanización Cerrias I puede comprobar que está rodeada por edificaciones por todos lados, urbanizaciones y casas individuales, algunas de ellas de unas dimensiones faraónicas y que, al parecer, no tienen sentencia de derribo. Recurso tras recurso, los propietarios llegamos al Tribunal Supremo, año 2002, que no pudo por más que ratificar la sentencia de derribo pero solo por una razón: por la calificación del terreno. El impacto paisajístico lo eliminó de las razones que justificaban el derribo. Sobre el asunto de la calificación instó, dado que era un tema administrativo, a las administraciones correspondientes a que efectuaran los trámites necesarios para solucionar el caso. De eso hace siete años y la cosa ha acabado con un requerimiento por parte del TSJC al Ayuntamiento de Piélagos a que derribe la urbanización en quince días.
Estos son los hechos y ahora vienen mis preguntas. De final a origen.
-El Consejero Sr. Mazón, que presentó un Plan elaborado y tratado en el Parlamento de Cantabria en el que se presentaban soluciones para casi todas las urbanizaciones con sentencia de derribo menos a Cerrias I y alguna más cercana a ésta, ¿qué esperaba?. ¿Tal vez pensó que el TSJC revocaría el derribo por arte de magia sin argumento alguno? Si a los jueces no se les aportan argumentos no tienen razón alguna para paralizar el derribo. Yo, que pago mis impuestos religiosamente, exijo a mis gobernantes que defiendan mis derechos e intereses y mi sensación es de indignación por la indefensión.
-¿Por qué se incluye nuevamente en el Plan del Sr. Mazón, entre las causas de derribo de Cerrias I, el impacto paisajístico cuando el Tribunal Supremo lo revocó? No sé si es por error o por mala leche. Ni se cual de las dos causas es peor.
- Tras siete años desde la resolución del Tribunal Supremo ninguna administración de Cantabria ha sido capaz de dar solución al mandamiento del alto tribunal. ¡Si bastaba con una nueva licencia de obra! ¿Será tal vez consecuencia de que el Ayuntamiento de Piélagos es popular y el Gobierno de Cantabria regionalista y socialista?
-La calificación del terreno donde se edifica la urbanización Cerrias I era urbana en el momento de la solicitud de la licencia de obra por parte del promotor. En ese momento era Teniente alcalde del Ayuntamiento de Piélagos la actual vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, la señora Gorostiaga. Ante la denuncia de ARCA se solicitó, por parte del Ayuntamiento, a la Consejería correspondiente del Gobierno de Cantabria que ratificara si los terrenos eran o no urbanos. El Ente respondió indicando que eran urbanos tras las consultas efectuadas. Dicha respuesta fue por escrito y firmada por el Sr. Revilla, actual presidente del Gobierno de Cantabria. Supongo que en aquel momento ambos estarían ampliamente asesorados por técnicos competentes. Si a pesar de ello las circunstancias finales son otras, ¿no deberían, moralmente, tomar parte directa en este asunto y dar una solución que no dañara los intereses de los propietarios que son, en definitiva, los más perjudicados?
-¿No sería mejor que ARCA denunciara a quien concede licencias de forma fraudulenta para que se le quitaran las ganas de volverlo a hacer o fuera apartado de su función? De esa forma es probable que consiguieran el mismo fin o más aún sin perjudicar a los ciudadanos, como en este caso, que compramos una casa con la más absoluta indefensión causándonos un perjuicio de enormes dimensiones.
Este asunto fue llevado por AMA a Bruselas donde se concluyó que, en caso de derribar las viviendas, la administración debería indemnizar primero a los propietarios a precio de mercado actualizado y posteriormente ejecutar el derribo. De esta recomendación ni administración ni TSJC parece se hace cargo. Con lo que les cuesta a algunos jueces echar a un 'okupa' de una casa y la prisa que se están dando ahora.
La situación personal, anímica y de salud de alguno de los propietarios es delicada a cuenta de todo esto. Piense lector por un momento en qué estado estaría usted si se viera envuelto en un lío como este sin haberlo buscado. ¿Qué sensación tendría?.
Ante todo este escenario vamos a llevar este asunto a las instancias más altas que sea posible para tratar de hacer valer nuestros derechos. Al Tribunal de Estrasburgo o a donde sea necesario. En mano de la Administración, la política y la de Justicia, está la solución. En siete años no han sido capaces. La verdad es que las circunstancias vividas no animan mucho a tener esperanza. Aún así seguiremos luchando.
