El consejero de Justicia, Vicente Mediavilla, El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne hoy y mañana en Madrid con los máximos responsables de los distintos órganos de gobierno con competencias en esta materia: el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. El objetivo de la cumbre es la implantación de la Nueva Oficina Judicial, el modelo organizativo de la Administración de Justicia que el Ejecutivo autonómico quiere hacer realidad en Cantabria a lo largo de 2010. Mediavilla pone el acento en la importancia de este encuentro, que se produce un mes después de que el Boletín Oficial del Estado publicase las reformas procesales que «abren definitivamente la puerta a la implantación este modelo organizativo». Éstas entrarán en vigor el 4 de mayo y el consejero quiere que, para esa fecha, pueda iniciarse el despliegue progresivo de la NOJ en Cantabria.
La finalidad de esta reforma es «poner en marcha un sistema más moderno y funcional, superar el histórico atraso de la Justicia con medidas concretas como el establecimiento de servicios comunes procesales y el refuerzo de la función jurisdiccional del juez, es decir, alejarle de tareas administrativas para que pueda centrarse en la tarea que le encomienda la Constitución Española: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado». En definitiva, «simplificar el 'laberíntico' sistema administrativo que caracteriza a la Administración de Justicia, sustituyéndolo por una organización más racional y moderna», subraya el responsable de justicia cántabro.
Mediavilla «confía» en que la NOJ permitirá dar «ese salto cualitativo que tanto necesita la Justicia». Así, cree que éste es, precisamente, uno de los tres «ejes esenciales» para conseguir una modernización real de esta Administración de Justicia.
A su juicio, los otros dos pasan por la implantación de las nuevas tecnologías de aplicación en este ámbito y por garantizar la compatibilidad de todos los sistemas y herramientas que utilizan las distintas administraciones implicadas. Un «entendimiento tecnológico» que es «imprescindible» para que esta Administración no funcione, en ningún caso, con «compartimentos estancos», sino que todos los entes con competencias estén «perfectamente integrados». Este último será otro de los puntos que tendrán especial relevancia en las reuniones. Así, las once comunidades autónomas con competencias en Justicia se sumarán al convenio ya suscrito por el CGPJ, la Fiscalía Superior y el Ministerio de Justicia para garantizar la interoperabilidad.
Por otro lado, Mediavilla firmará también con el ministro del Interior un convenio en materia de seguridad.
