El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ha afirmado hoy que "lo ideal" en el caso de las viviendas sobre las que pesan sentencias de derribo sería buscar una fórmula que legalizara la mayor parte de las "posibles tropelías" que se hayan hecho.
Al ser preguntado por este asunto en un encuentro que mantuvo en el Gobierno con alumnos franceses y de Torrelavega, Revilla reconoció que es un tema "lamentable", por que el que "no tiene ninguna culpa" es el que ha comprado las viviendas.
En su opinión, habría que buscar una "fórmula", de forma que algunas de esas viviendas puedan ser legalizables y en otros casos habrá que compensar a los propietarios de las que se van a derribar.
"Tenemos un problema en Cantabria gordo", apostilló Revilla , quien recordó que es "un tema muy antiguo", que viene de los años 70.
Señaló que las decisiones administrativas se toman de acuerdo a unos informes jurídicos, porque "no todos los presidentes y alcaldes saben de urbanismo", pero, si hay una reclamación, los jueces siempre toman decisiones que obligan a las administraciones a rectificar.
Así, explicó que se toman decisiones urbanísticas en los ayuntamientos, que las asociaciones ecologistas denuncian en ocasiones y luego los jueces orden derribar, de acuerdo con el Estado de Derecho.
La propuesta de Ignacio Diego
Por su parte, el presidente regional del PP, Ignacio Diego, ha pedido hoy al Gobierno que corrija su Plan de Actuación sobre las viviendas que tienen sentencias firmes de demolición porque "está incompleto" y tiene "demasiados errores", ya que, a su juicio, la urbanización de La Arena (Arnuero) sería la única "sin solución" y que tendría que derribarse irremediablemente.
En una rueda de prensa, Diego ha considerado que el plan del Ejecutivo, que se remitió al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para su estudio, tiene "inexactitudes", dado que prevé la posibilidad de legalizar unas 400 viviendas, mientras que, según este documento, en alrededor de otras 150 casas más no podría evitarse el derribo.
Pero, en opinión del PP, la urbanización de La Arena, en Isla, sería "la única que no tiene solución", en tanto que las casas de Cerrias I, cuya demolición inmediata ha ordenado recientemente el TSJC, podrían mantenerse.
El Gobierno de Cantabria elaboró, por mandato del Parlamento regional, este Plan de Actuación, un documento para analizar la situación de las viviendas y urbanizaciones sobre las que pesan sentencias firmes de demolición.
En total en Cantabria hay en torno a un millar de viviendas en esa situación repartidas por varios municipios, pero que se concentran, sobre todo, en ayuntamientos costeros como Arnuero, Argoños, Miengo o Piélagos.
El presidente de los populares cántabros ha asegurado hoy que en la región existen urbanizaciones "concretas" que "pueden y deben ser legalizadas", a través de mecanismos como la modificación de los planes generales de ordenación urbana o de normas como los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) o el Plan de Ordenación del Litoral (POL).
Diego ha advertido de que, de no ser así, podría darse la "paradoja" de que se llegaran a demoler unas casas y que "al día siguiente" se pudiera construir en el mismo solar "con una licencia legal".
Nuevos compromisosEl líder de la oposición ha abogado por instar al Gobierno a que asuma "nuevos compromisos" en este sentido, que además sean "concretos" y se vean plasmados en su Plan de Actuación para transmitirlo a los jueces y a la Cámara regional.
Diego ha recalcado que el PP y el grupo popular en el Parlamento están dispuestos a colaborar con el Gobierno para buscar una solución a las viviendas con sentencias de derribo.
Pero ha lamentado que, hasta ahora, al Ejecutivo de PRC y PSOE le ha "faltado determinación" en este tema y sólo ha actuado "a golpe de resolución judicial".
El líder popular ha recriminado al Gobierno su "inacción" y ha recordado las últimas sentencias y autos que confirman el derribo de viviendas en Cantabria.
"El reloj corre para los afectados por esas sentencias y los jueces necesitan nuevos elementos para abordar este tema con otra perspectiva", ha señalado el presidente del PP cántabro.
Por todo ello, ha remarcado que el Gobierno debe "corregir" su plan para darle "mayor concreción" e incluir "nuevos elementos" que sirvan para "evitar el calvario" de los afectados por las sentencias de demolición.
Además, Diego ha incidido en la importancia de eludir "el dispendio de una importante cantidad económica" que el Gobierno y los ayuntamientos afectados se verían obligados a asumir en concepto de compensación a los propietarios de viviendas derribadas.
