Una docena de afectados por la sentencia de derribo de las viviendas de Cerrias 1, en Liencres, se concentraron ayer frente al Parlamento de Cantabria para exigir soluciones a los políticos, que en aquel momento se encontraban dentro del edificio debatiendo los Presupuestos de 2010.
Fieles a su intención de perseguir a quienes apuntan como responsables, esto es, al Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a la vicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga y al consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, los vecinos, mostraron una vez más su “indignación” y su sentir respecto a la situación que están atravesando. Indignación que pusieron de manifiesto cuando el consejero accedió al Parlamento, al que dirigieron abucheos.
Antes de congregarse en el Parlamento, lo hicieron en la puerta de la consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo para, dijeron, “dejarse ver” y para que alguien les explicara porqué la solución que plantea el Gobierno regional pasa por modificar el Plan de Ordenación del Litoral (POL) “dejando fuera a tres chalés”. En este sentido, Francisco Martínez aseguró que “no pretendemos perjudicar a nadie, pero no entendemos por qué dentro del mismo área, tres viviendas tienen una calificación distinta y se apartan de nuestro ‘caso’ cuando son colindantes a nuestra urbanización”.
Pasada una hora y en vista de que estaba a punto de comenzar el debate sobre los Presupuestos 2010, a apenas 300 metros de distancia de donde se encontraban, los vecinos se dirigieron al Parlamento con la intención de encontrarse con alguno de los políticos para transmitirles su malestar. De tal forma y aguardando el momento con pancarta en mano, en cuanto vieron al consejero acceder a la Cámara, estos le abuchearon. Aunque Mazón no se dirigió a ellos, ni tampoco lo hizo a los representantes de los sindicatos Cemsatse, STEC-STAC, STAJ, SASC, ANPE, SIEP, USO y delegados independientes de la junta de personal y el comité de empresa del Gobierno regional que también se encontraban allí para protestar pero por otro asunto, los vecinos no cejaron en su empeño de ser atendidos.
Uno de los afectados de Cerrias entró al Parlamento donde, según dijo, se encontró con un diputado al que le solicitó que interviniera para que el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Palacio, tuviera a bien conceder una reunión con todos los afectados de la sentencia de derribo de la urbanización de Liencres. “Queremos hablar con el único político que se ha dirigido a nosotros con ánimo de compromiso”, aseguró el vecino. Aunque no concertaron fecha, el afectado aseguró que “tienen mi teléfono y si quieren, se pondrán en contacto con nosotros”.
Transcurrida media hora ante el edificio institucional de la Calle Alta de Santander, los vecinos fueron abandonando las instalaciones. Ésta fue la segunda ocasión que los afectados acudían a un acto en el que participaban los políticos. Como se recordará, los propietarios de las viviendas aseguraron personarse en todos y cada uno de los lugares a los que acuda tanto Revilla, Gorostiaga, como Mazón. La próxima concentración, aseguraron, será el domingo durante la comida de Navidad que el PRC celebrará en un céntrico restaurante santanderino.
Fiscalía Anticorrupción
Los afectados por la sentencia de derribo de la urbanización de Cerrias 1, en Liencres anunciaron ayer su intención de trasladar su caso a la Fiscalía anticorrupción, en el transcurso de la concentración que organizaron frente al Parlamento de Cantabria. “Vamos a empezar a analizar con nuestros abogados cómo acudir al Fiscal para que sea éste quien revise nuestro caso”, aseguró Francisco Martínez, en vista de que ninguna institución les ha dado soluciones todavía.
Como se recordará, tanto los vecinos de la urbanización de Liencres como el Ayuntamiento de Piélagos presentaron sendos recursos de súplica contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que exigía al Consistorio iniciar con los trámites del derribo en 15 días y proceder a la ejecución en 6 meses. Transcurrido ya el primer plazo y con gestión del Ayuntamiento puesta en marcha, los afectados siguen sin dar crédito a lo que les está sucediendo y por ello, presentarán el próximo día 9 de enero un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo.