El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, advirtió hoy de que no se pueden legalizar viviendas con sentencias firmes de derribo con "mecanismos ilegales" y de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo examinará "cada una" de las soluciones propuestas por el Plan del Gobierno de Cantabria para afrontar este problema que afecta a unas cuatrocientas viviendas en municipios costeros de la región.
Según explicó en un encuentro con periodistas, en derecho urbanístico, las legalizaciones, cuando son posibles, suponen que se pueden hacer modificaciones para que lo ilegal se convierta en legal.
Pero precisó que para que esto se produzca no puede haber "sólo" voluntad política, sino que se tienen que dar las "circunstancias legales" para que la modificación normativa no se haga "ad hoc" para estas situaciones. Lo contrario arrojaría "indicios de desviación de poder", apuntó Tolosa.
Problema "complejo"
Para el presidente del TSJC, se trata de un problema "complejo" que no se puede abordar de una forma "simplista", al existir distintas situaciones legales y urbanísticas. En cualquier caso, en su opinión, el "peso de la ley" debe caer sobre las viviendas afectadas por las sentencias de derribo, y no sobre los propietarios, que tendrán que recibir compensaciones por los daños sufridos para que se haga "justicia".
No obstante, defendió que el urbanismo "no es un problema de particulares, sino que afecta al "conjunto de la sociedad de Cantabria ", algo que "a veces se olvida" y que es precisamente "lo que se discute ahora en Copenhague".
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria reivindicó el papel "pedagógico" de las sentencias de lo contencioso emitidas sobre esta materia. "¿Cuánto no se ha construido gracias a que existen doctrina de la sala sobre ilegalidades urbanísticas? ¿La Ley del Suelo y el Plan de Ordenación del Litoral hubieran sido lo mismo sin las sentencias de derribo?", planteó.
