Los vecinos de Cerrias siguen su vida atrapados en una dramática cuenta atrás, que no todos saben dónde acabará. Si las fuentes judiciales que siguen el caso de cerca no se equivocan, los «15 días improrrogables» dados por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para que comience la tramitación del derribo de sus casas, se cumplen mañana, 19 de diciembre. Una fecha, por otra parte, que no se verá alterada a pesar de que, tanto el Ayuntamiento de Piélagos como los vecinos, hayan presentado sendos recursos de súplica.
De hecho, el Consistorio ya ha dado los primeros pasos hacia el derribo de los 17 chalés de Cerrias 1. Según consta en su recurso, el alcalde, Jesús Ángel Pacheco, ya ha dado «las órdenes oportunas a fin de que el arquitecto técnico autor del proyecto de demolición proceda a actualizar sus precios», y al Área de Intervención para que «inicie el procedimiento de contratación de las obras de demolición en cumplimiento de la sentencia».
Todo esto, a pesar de que Intervención asegura que el procedimiento conlleva un tiempo que «imposibilita el cumplimiento del plazo de seis meses señalado por la Sala». De hecho, el Ayuntamiento cree que el auto «debe ser reformado» y Pacheco afirmó ayer que se mantendrá «a la espera» de recibir la respuesta del TSJC al recurso de súplica.
Día a día, minuto a minuto
El Consistorio recibió el auto judicial el pasado 30 de noviembre y los 15 días dispuestos por el TSJC empezaban a contar a partir del día siguiente, 1 de diciembre. Considerando que entre los días hábiles no se incluyen ni domingos ni fiestas locales o nacionales, queda un día para que concluya el plazo. Se ha agotado un tiempo vivido con gran intensidad entre las partes implicadas, especialmente los afectados, desde que se hiciera pública la sentencia de derribo.
Al día siguiente el Ayuntamiento comenzó a moverse. El alcalde se reunió con los servicios jurídicos para analizar las vías legales a su alcance para tratar de evitar el derribo. También los vecinos. A media mañana, uno de los afectados se 'coló' en un acto que los universitarios tenían programado con el presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, para exigirle responsabilidades. Fue el primer eslabón de una cadena de acciones públicas para hacerse oír.
El 7 de diciembre convocaron una manifestación que estuvo precedida por una reunión con los representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). En ese encuentro los afectados exigieron de nuevo responsabilidades a las instituciones y convinieron una serie de pasos a seguir de la mano de AMA. Entre ellos, la posibilidad de presentar un recurso al Tribunal de Estrasburgo.
El Ayuntamiento presentó su recurso de súplica el 10 de diciembre. En el escrito pedía a la Sala «que se suspenda la sentencia en tanto el Gobierno de Cantabria presenta un nuevo Plan de Actuación en lo referente al ámbito de la Unidad de Ejecución L-01 en Liencres». Ese mismo día también entraba en el TSJC el recurso de súplica de los propios afectados, que el día 11 se reunieron nuevamente para presentar un recurso en el Tribunal de Estrasburgo. Lo harán el 9 de enero.
La esperanza de la moratoria
El devenir de todos estos acontecimientos desembocó el pasado lunes, 14 de diciembre, en el Gobierno regional, donde una representación de los vecinos de Cerrias fue recibida por el consejero de Obras Públicas, José María Mazón. Un encuentro «poco fructífero», según los propios afectados, tras el que el consejero anunció que el próximo lunes, día 21, propondrá a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) solicitar al TSJC una moratoria en el derribo en tanto se estudian todas las alternativas posibles para evitar que se ejecute la sentencia.
