«Le digo que su casa está en terreno urbano»... «Y yo le digo que mi casa me la van a tirar». Es la conversación que mantenían ayer el concejal de Obras del Ayuntamiento de Piélagos, Celestino Cobo, y una de las propietarias de las viviendas de la urbanización de Cerrias, Liencres, momentos antes de que ésta, junto a un grupo de afectados, se reuniera con el alcalde, Jesús Ángel Pacheco. Los vecinos solicitaron a Pacheco documentación «que podría relacionar directamente tanto a políticos como a peritos, que intervinieron en el proceso de la construcción de sus viviendas». Los afectados ya han anunciado que pretenden llevar a cabo acciones legales contra «todos ellos».
Mientras, ARCA solicita que se ejecute la sentencia del TSJC, y el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, se manifiesta, como hizo el pasado lunes, a favor de las compensaciones para los 17 afectados, dejando entrever que para el 'caso Cerrias' no hay salvación. Ayer, en Santander, otro grupo de afectados se congregaba en el Gobierno regional en señal de protesta.
Aclaración de la abogada Paloma Revenga
El despacho de la abogada Paloma Revenga aclaró ayera este periódico que no es cierto que se le hubiera encomendado el estudio de las vías legales para ejercitar acciones contra las personas que puedan resultar responsables de los hechos en el caso Cerrias. «Ignoro si los afectados recurrirán a esta vía pero, insisto, ni se me ha encomendado el ejercicio de dichas acciones ni, como se indicó en una información, estoy estudiando su procedencia», afirmó ayer en un comunicado.
