La ejecución de las sentencias de derribo que pesan sobre 1.040 viviendas de Cantabria costaría unos 219 millones de euros (37.000 millones de pesetas), dinero que iría destinado a los proyectos y obras de su demolición, la adecuación de los espacios sobre los que se asientan y las indemnizaciones correspondientes a los vecinos perjudicados, según consta en un informe elaborado por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que estima que, para hacer frente a esta situación, cada familia cántabra tendría que destinar un total de 1.650 euros de sus impuestos.
Cimentado sobre las viviendas con sentencia de derribo que existen actualmente en los municipios de Argoños (263), Piélagos (483), Arnuero (144), Miengo (110), Escalante (32) y Comillas (8), el dossier concreta que la cantidad exacta -218.768.496 euros- está extraída de una muy fácil multiplicación: el número de unidades (1.040) por el resultante de su tasación media y el coste que conllevaría demoler cada una y reconstruir el espacio (210.000 euros).
Además de tan desorbitante cantidad, en el documento también llama la atención la «desaparición» de tres de las cuatro empresas constructoras que en su día levantaron las 263 viviendas de Argoños sobre las que en este momento pesan sentencias de derribo: 'ATC', 'Satec' y 'Santiago Martínez'.
Del mismo modo, el dossier refleja los años «que llevan estas familias soportando está situación»: 16 los vecinos de Escalante, que se dan la mano con los de Arnuero; 11 los de Piélagos; 10 los de Argoños y 9 los de Miengo. Mucho tiempo. «Demasiado», recalca el presidente de AMA, Antonio Vilela, propulsor de una batería de propuestas que quiere sean tenidas en cuenta por la Administración.
Vilela, que ayer recordó el estado de «ansiedad» que están viviendo todas las familias perjudicadas, pidió a los Ayuntamientos afectados por las sentencias de derribo que «demanden del Gobierno y Parlamento de Cantabria la adopción de aquellas medidas que den soluciones reales a los afectados».
De la misma manera, solicitó del Gobierno de Cantabria que «impulse ante todas las Instituciones su Plan de Actuación para las Sentencias de Derribo» y que «lo remita al Parlamento de Cantabria para que pueda ser aprobado por el mismo con un rango normativo que haga posible su aplicación», y del propio presidente, Miguel Ángel Revilla, que «reciba a los afectados para escuchar sus propuestas» y que «tome las medidas necesarias desde su Gobierno que hagan posible el cese de esta situación de injusticia, a la mayor brevedad posible».
Altas instancias
Además, Vilela invitó al Parlamento de Cantabria a que «tome las medidas necesarias para depurar las responsabilidades políticas mediante una comisión de investigación al efecto» y solicitó «una reunión con todos los portavoces del Congreso de los Diputados para exponerles la situación» y, también, «una declaración ante el Parlamento Europeo» porque considera que «pese a las recomendaciones realizadas, a fecha de hoy no hay medidas que corrijan las graves consecuencias de las deficientes actuaciones por parte de las Administraciones Públicas».
El presidente de AMA, que recomienda a los perjudicados «que acudan al Tribunal de Estrasburgo en busca de la justicia que no hemos podido encontrar en nuestro país», requirió también de la Administración de Justicia «el amparo a las víctimas de esta situación creada por la Administraciones Públicas» y que «cada resolución de los tribunales vaya acompañada del nombre de los responsables de tales actuaciones y de las compensaciones a las víctimas de cada uno de esos comportamientos».
AMA versus ARCA
Vilela, que, de igual manera, proclamó «iniciar un proceso de denuncias y querellas contra todos los responsables de las tropelías, delitos e ilegalidades cometidas, que han tendido como consecuencia daños y sufrimientos que en algunos casos ya son irreparables contra las familias y contra nuestra comunidad autónoma», también tuvo ayer un 'recuerdo' para el presidente de la asociación ecologista ARCA, Gonzalo Canales y sus manifestaciones recientes.
«Su frase ('los políticos que intentan legalizar viviendas son basura humana') define al personaje», respondió Vilela, para quien basura humana «es como ellos (ARCA) y las Administraciones Públicas están tratando a nuestras familias». «Si la justicia existe, algún día pagarán por el daño que nos están haciendo», dijo el presidente de AMA, que espera «que el nuevo año traiga responsabilidad y cordura a quienes nos dirigen, sensibilidad y generosidad a quienes nos juzgan».
