Es innegable que la sociedad está especialmente motivada sobre la formación de sus jóvenes, tanto en valores cívicos y éticos como en la capacidad técnica y profesional de toda índole, desde la cultural a la creativa o industrial.
Si se analiza la realidad socioeducativa en Cantabria, contrastada con las informaciones en los medios de comunicación sobre el recurrente tema de la autoridad del profesorado y el prestigio de la profesión docente o la reciente propuesta de Pacto de Estado por la Educación del ministro Gabilondo, nadie cuestiona ese mencionado interés social por la formación. Los numerosos debates televisivos sobre la educación, muchas veces tratados desde una perspectiva bastante simplista y especulativa, reafirman esa gran repercusión en la sociedad, por lo que sería necesario valorar en su justa medida la tarea que día a día llevan a cabo en las escuelas e institutos los profesionales de la docencia.
Los docentes sentimos la necesidad de que los adultos, la calle, los medios de comunicación, los políticos y un largo etcétera de personas y colectivos valoren las directrices del profesorado en lo referente a la educación y formación de niños y jóvenes.
La sociedad, en general, y las propias familias, en particular, nos critican muchas veces abiertamente, sin respetar nuestro criterio pedagógico y labor profesional. Nos desautorizan, dejándonos solos y despojados del respeto y la autoridad requeridos para realizar con eficacia nuestra tarea y preservar tanto el imprescindible buen clima de convivencia en el centro como nuestra dignidad profesional.
El problema de la pérdida de autoridad del profesorado no se resuelve simplemente con una nueva ley, como tampoco se soluciona del mismo modo la desigualdad entre hombres y mujeres o la violencia de género.
Pero es cierto que algunas leyes ayudan a cambiar mentalidades y a concitar la colaboración de todos para resolver determinados problemas porque permiten abrir el debate social y la participación, buscar consensos y establecer medidas concretas y un método sistemático de soluciones. Aquí es donde más efectiva la acción de una ley, cuando se logra sensibilizar a la población, hacerla consciente del problema y responsable en la solución.
La autoridad se gana día a día con el respeto del alumnado y el apoyo de las familias y de la sociedad y eso es lo que pedimos cuando hablamos del Pacto Social por la Educación; que todos vayamos a una, coherentes y coordinados, que todos eduquemos en la misma dirección, que todos colaboremos porque eso es también una cuestión de Estado.
Cuando se demandan medidas para recuperar la autoridad de los profesores, que nunca se debió perder, no se busca una ventaja para practicar el autoritarismo de tiempos pasados, nada más lejos de nuestra intención. Nunca se puede confundir la autoridad, basada en la ascendencia y el respeto, con el autoritarismo nutrido de abuso y falta de respecto; como tampoco se debe confundir conflicto de convivencia con violencia.
El conflicto es consustancial a la convivencia y es positivo porque nos permite, a través de la práctica en su resolución pacífica, avanzar y crecer en democracia. Todos debemos comprometernos y trabajar por mejorar la convivencia en los centros educativos. Este objetivo tiene una doble vertiente; una intrínseca, porque propicia el clima necesario para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje; y otra extrínseca, porque nos prepara para convivir en otros ámbitos como el familiar, el laboral o la relación con nuestros vecinos y conciudadanos.
Cuando reclamamos «Colabora con el profesorado porque la educación es cosa de todos», no aludimos a un lema sin contenido, pretendemos concienciar. No se pide una colaboración a ciegas, sino la basada en la confianza, el criterio y la profesionalidad de quienes se esfuerzan por adquirir formación específica y permanente y dan lo mejor de sí mismos en su trabajo por una sociedad mejor.
