El problema de las sentencias de derribo es «muy complejo» y cualquier solución pasa por «el cumplimiento estricto de la legalidad», aseguró ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, que ayer visitó, junto a la Sala de Gobierno del tribunal, las instalaciones del multimedia de EL DIARIO MONTAÑÉS en La Albericia, y fue entrevistado en el programa 'Protagonistas Cantabria' de Punto Radio. Previamente, el magistrado respondió a las preguntas de los internautas en el videoblog, interesados fundamentalmente en conocer su posición sobre estas demoliciones y su posible desenlace.
Tolosa reconoció que es un asunto «tremendamente sensible». No en vano, en estos momentos hay en Cantabria 1.040 viviendas con la espada del derribo pendiendo sobre el tejado, incluyendo las de la urbanización del Alto del Cuco, en el municipio de Piélagos. El presidente lo dejó bien claro: es un problema de gran complejidad ante el que los jueces «no podemos admitir otra solución que no pase por el cumplimiento estricto de la legalidad». Un principio que hizo extensivo a los políticos.
A su juicio, en este asunto espinoso «la acción política puede llegar hasta donde empieza el límite de la ilegalidad, y ese es el control que corresponde a jueces y tribunales». En definitiva, un aviso a navegantes para que ninguna administración, ya sea municipal o regional, se sienta tentada a torcer la legalidad para evitar la ejecución de las sentencias de derribo.
Recordó el presidente del TSJC que en Cantabria, como en otras comunidades, «ha habido una época en que el cumplimiento de la normativa urbanística se relajó en gran medida». Ante este fenómeno, los jueces «no tuvieron otra opción que reaccionar para el cumplimiento de la legalidad», porque el urbanismo es un sector que está sometido «a este principio, como lo están otros sectores, como el tributario».
Tolosa quiso llevar al ánimo de los oyentes e internautas de este multimedia que los jueces no actúan de forma caprichosa cuando dictan este tipo de resoluciones judiciales. «Estas sentencias no son un capricho de los jueces de Cantabria», dijo. «Han obtenido el respaldo unánime en la gran mayoría de los casos del Tribunal Supremo y han sido dictadas con una motivación jurídica exhaustiva».
No obstante, pegado a la realidad, Tolosa sabe que su ejecución «genera un problema social», que es el de los afectados que, «en su gran mayoría, compraron de buena fe y en el desconocimiento de los problemas con que se iban a encontrar». El presidente señaló que «el ordenamiento jurídico debe otorgar a estas personas su tutela». Así, «habrá que ejecutar lo que haya que ejecutar para que impere la legalidad, pero habrá que ser conscientes de que hay personas que también están en su derecho de exigir la tutela de jueces y tribunales».
En este contexto, Tolosa considera que si se da una sola de estas dos soluciones «algo dejaremos por el camino». Pero, ¿cómo resolver la disyuntiva? Llegados a este punto el máximo responsable del Poder Judicial en Cantabria apeló a Dios. «Gracias a Dios, no me corresponde a mí tomar esa decisión, sino a la Sala de lo Contencioso Administrativo».
Reforma penal
Tanto los internautas como posteriormente en la entrevista en Punto Radio, el presidente se pronunció sobre el debate público en torno al futuro endurecimiento del sistema penal. «El debate es enriquecedor siempre que se realice en base al rigor y a la serenidad», señaló.
Pero además «cualquier decisión en Derecho debe tener cierta durabilidad en el tiempo, porque no se pueden alterar las normas a impulsos de los acontecimientos».
