La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que dé "una oportunidad" al plan diseñado por el Gobierno como alternativa a los derribos de viviendas, después de que sus magistrados hayan resuelto que no debe ser tenido en cuenta.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha dictado una providencia en la que establece que las 78 viviendas de la urbanización Pueblo de Mar de Argoños deben ser derribadas, a pesar de que el plan de actuación del Gobierno prevé legalizarlas a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana y del PORN de las Marismas de Santoña.
Según el TSJC, el plan del Gobierno "no debe ser tenido en cuenta", ni es "obstáculo u óbice" para cumplir el auto que ordena el derribo, porque no contiene ninguna medida de ejecución de la sentencia que así lo establece.
"En el plan en cuestión no se contiene medida de ejecución de la sentencia recurrida en las presentes actuaciones. Por tanto, consecuentemente no debe ser tenido en cuente para el trámite de ejecución del fallo (...) ni obstáculo u óbice para ninguno de los actos procesales tendentes al cumplimiento del auto del 28 de mayo de 2009 y sus posteriores", señala la sala en su resolución.
Esta providencia es la primera que dicta la sala sobre una urbanización que el Gobierno de Cantabria propone legalizar en su plan de actuación.
El tribunal ya había dictado dos resoluciones similares sobre las urbanizaciones de Cerrías, para las que el Gobierno no propone en su plan ninguna medida de legalización, sino el derribo y una compensación para los propietarios.
La providencia del TSJC, dictada el 21 de enero, esta precedida de otra en la que la misma sala desestima el recurso de súplica presentado por el Ayuntamiento de Argoños contra la orden de derribo de Pueblo de Mar y le da un plazo de quince días para que le informe sobre los pasos dados para iniciar la demolición.
La sala cree que el Ayuntamiento de Argoños mantiene una actitud "pasiva y de inactividad" para cumplir la orden.
Errores e inexactitudes
La Asociación de Maltratados por la Administración ha asegurado en un comunicado que ni comparte ni comprende la providencia que, en su opinión, contiene "graves errores e inexactitudes".
Según AMA, las viviendas están ubicadas en suelo urbano consolidado, de manera que en caso de derribo se volverán a construir más, en el mismo lugar, teniendo en cuenta el coeficiente de edificabilidad previsto en el nuevo PGOU.
Explica, además, que el fundamento principal de la sentencia de derribo es por una infracción administrativa sobre el deslinde del municipio que está subsanada desde el 2004.
AMA ha asegurado que pese a la difícil situación que atraviesan sus socios, sigue confiando en la justicia, que espera pueda resarcir a las víctimas del daño que están sufriendo.
Además, confía en que la colaboración de todas las administraciones y de la justicia dé lugar a una solución para los afectados, como lo han solicitado el Parlamento Europeo, el de Cantabria y el Defensor del Pueblo.
Esta asociación cree que el plan de actuación del Gobierno es "un instrumento útil", por lo que, añade, cualquier intento de menoscabarlo sin una alternativa de garantías supone una "grave irresponsabilidad que puede costar al erario público 263 millones de euros".
AMA asegura que los responsables de la situación son los ayuntamientos, condenados en 23 sentencias de derribo, y el Gobierno, condenado en cuatro por daños morales, por lo que "ellos tienen la responsabilidad y la obligación" de encontrar soluciones.
Con estos argumentos, pide al TSJC que dé "una oportunidad" al plan del Gobierno y reclama para los casos de Cantabria el mismo tratamiento que da el Tribunal Superior de Andalucía, una comunidad en la que se han regularizado más de 40.000 viviendas en los últimos años.
AMA ha convocado una reunión extraordinaria para este sábado ante la "grave situación" creada por las últimas resoluciones judiciales.
