El Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales ha concluido las investigaciones por las presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras del túnel de Mioño y ha ordenado la apertura de juicio oral contra el alcalde castreño, Fernando Muguruza, y cinco concejales y ex concejales del municipio.
En el auto, el titular del Juzgado ordena también que se abra el juicio oral contra el gerente de la empresa adjudicataria de las obras y hermano de un ex concejal, Ignacio Díez Muro, además del ex secretario municipal César Saiz y el ex interventor Gregorio Alcedo.
El juez imputa delitos de tráfico de influencias a Ignacio Díez Muro, su hermano, el ex concejal Jaime Díez Muro, y a Salvador Hierro, que cuando se produjeron los hechos era el edil de Obras y a día de hoy continúa en la Corporación.
También decreta la apertura de juicio oral por un delito de prevaricación contra el alcalde, los concejales Salvador Hierro, José Miguel Rodríguez y Concepción Carranza, y Jaime Díez Muro y Santiago Vélez, que ya no están en la Corporación.
E imputa ese mismo delito a los dos funcionarios municipales: César Saiz y Gregorio Alcedo.
Juicio oral
Una vez se han presentado ya los escritos de calificación del Ministerio Fiscal y de la acusación popular, el juez instructor ha dictado ahora el auto de apertura de juicio oral, que se trasladará a las defensas para que presenten sus correspondientes escritos.
Cuando finalice ese trámite, el Juzgado remitirá las actuaciones al órgano juzgador competente, que en este caso es el Juzgado de lo Penal, porque la pena que ha solicitado la Fiscalía es inferior a seis años de prisión.
Además, en el auto que se ha dado a conocer hoy el Juzgado impone el pago de una fianza a los hermanos Ignacio y Jaime Díez Muro y al concejal Salvador Hierro a fin de asegurar las responsabilidades económicas en que hayan podido incurrir.
Cada uno de ellos tendrá que hacer frente al pago de 7.000 euros y, en caso de que no lo hagan, se les embargarán los bienes necesarios para satisfacer esa cantidad.
Esta causa judicial comenzó en septiembre de 2006 tras la querella interpuesta contra Salvador Hierro y Jaime Díez Muro por la presunta adjudicación "a dedo", en 2004, de las obras del túnel de Mioño al hermano de ese concejal.
La imputación se amplió después al alcalde y a otros ediles del equipo de gobierno.
