El Gobierno de Cantabria "se va a volcar" en estudiar medidas jurídicas para intentar dar una solución al problema de las viviendas con orden de derribo, para que lo que pueda salvarse "se salve" y sobre todo para que no haya "inseguridad jurídica".
Las posibilidades que baraja el Ejecutivo son la modificación de la Ley del Suelo u otras normas, como el Plan de Ordenación del Litoral (POL), tramitándola bien como proyecto de ley o como proposición del Parlamento regional; o elevar el rango del Plan de actuación sobre derribos que ha elaborado.
El Gobierno va a celebrar reuniones con los ayuntamientos y con los grupos parlamentarios en las próximas semanas para ir concretando las medidas, que se darán a conocer dentro de un mes en la nueva reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de actuación.
Así lo ha explicado hoy el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y urbanismo, tras celebrarse la primera reunión de dicha comisión, a la que asistieron el presidente de AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), que agrupa a los afectados, Antonio Vilela; y los alcaldes de Miengo, Avelino Cuartas; Piélagos, Jesús Angel Pacheco; Escalante, Pedro José Jado: Argoños, Juan José Barruetabeña; y Arnuero, José Manuel Igual.
Mazón explicó que el Gobierno ha planteado dos tipos de soluciones, por un lado las que se contemplan en el Plan de actuación, y por otro las jurídicas.
Sobre estas últimas dijo que lo importante no es la fórmula que se utilice, que en cualquier caso tendría que pasar por el Parlamento, sino "el contenido". También precisó que cuando una ley entra en vigor puede hacer que "sea legal" una actuación del pasado que hasta entonces no lo era.
Respecto al Plan de actuación, indicó que se van a mantener reuniones bilaterales con los ayuntamientos en los próximos días para analizar si algunas de las viviendas afectadas pueden quedar "amparadas por la legalidad". "Vamos a seguir dando pasos y no nos vamos a dormir", ni el Gobierno ni los ayuntamientos, recalcó Mazón.
En cuanto a las segundas, aseguró que el Ejecutivo "se va a volcar" en el análisis jurídico y en buscar soluciones, entre las que figura la modificación de la Ley del Suelo o la presentación del Plan de actuación en el Parlamento para que adquiera "rango legal", si bien este plan "no tiene una gran virtualidad" desde el punto de vista jurídico, ya que no es una norma, precisó.
De cara a la decisión, Mazón explicó que se van a oponer en contacto con los tres grupos parlamentarios (PRC, PSOE y PP), que en su opinión "van a darlo todo" para, dentro de "lo posible y razonable", se puedan "conjugar todos los intereses".
El consejero señaló que lo mismo que desde el Gobierno se han pedido disculpas a los afectados, que están "sufriendo lo indecible y no tienen la culpa de nada", se van a tomar medidas para que la situación "no se pueda producir más" y no haya "inseguridad jurídica".
Añadió que el presidente de Cantabria , el también regionalista Miguel Angel Revilla, "está en esa línea" de que deben compaginarse "todos los intereses en juego", y está "muy preocupado" por los últimos autos judiciales.
"Vamos a hacer las cosas desde el punto de vista de la legalidad", reiteró Mazón, quien opinó que en estos momentos la opinión pública y la sociedad cántabra están fundamentalmente "con los afectados".
Insistió en que el Gobierno va a "poner todo su empeño" para buscar "todas las posibilidades" y e intentar dar solución a "todo aquello que creamos debe ser solucionado".
"Todas las formas posibles"
Por su parte, el presidente de AMA señaló que el Gobierno tiene que estudiar "todas las fórmulas posibles" para llevar al Parlamento, y la decisión que se tome debe servir para que "no se vuelva a repetir" una situación como la actual.
Para Vilela, no hay tiempo para demorar las soluciones y la propuesta que dentro de un mes presente el Gobierno debe estar ya desarrollada. "Que las solucione sean reales y para todos", recalcó.
Señaló que de lo que se trata es de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria "sepa que eso no se puede derribar, porque es algo lógico, justo y cumple la ley".
Añadió que si el Gobierno y los ayuntamientos "reconocen que somos víctimas y nos han pedido disculpas", también deben subsanar el problema con medidas jurídicas, y es al Ejecutivo al que "le toca plantear propuestas".
Cerrias
El caso que más preocupa ahora a la asociación, según dijo, es el de Cerrias, por ser la urbanización que antes "puede caer" y porque es "vivienda habitual", por lo que si se derriba, se va a dejar a sus propietarios "con una mano delante y otra atrás", dijo Vilela.
"Creo que es posible su legalización", señaló el presidente de AMA, quien recordó que el "mayor problema" que tenía Cerrias era el impacto ambiental, pero el tribunal Supremo "dijo que no lo había que podía haber medidas correctoras" señaló.
Añadió que "la hoja de ruta" para evitar su derribo pasa por las propuestas que el propio Ayuntamiento de Piélagos va a llevar al Pleno municipal, y que éstas se incorporen a las soluciones que plantea el Gobierno, se lleven al Parlamento para constatar su legalidad y después al TSJC.
Mazón por su parte señaló que, en el caso de Cerrias, en el Plan se han introducido modificaciones relativas a la zonificación del POL. Y además, el Gobierno tiene que estudiar las alegaciones que se han presentado.
