Ayer se conoció que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha decidido encomendar directamente a la empresa pública Tragsa la demolición de doce viviendas en Argoños, en un auto en el que apreció "confusión" sobre el "valor jurídico" del Plan elaborado por el Gobierno regional para los derribos.
A preguntas de los periodistas, Revilla dijo que "no sabe" si la justicia esta cuestionando al documento elaborado por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo con este auto y otros precedentes -como los emitidos sobre Cerrías 1 y 2, en Liencres (Piélagos)-.
"Lo que digan los jueces hay que acatarlo", aseveró el presidente, quien reiteró que "en ningún momento" el Gobierno de Cantabria será un "instrumento que torpedee las decisiones judiciales"".
El jefe del Ejecutivo cántabro se remitió a la división de poderes y matizó que el Gobierno "no está preparando ninguna ley" para abordar la situación de estas urbanizaciones, sino que es algo en lo que están trabajando los grupos parlamentarios.
